Felipe Osman
El conflicto Judicial que Llaryora conjuró a mediados del año pasado y reavivó en diciembre con la “Ley de Equidad Previsional” volvió a profundizarse esta semana, y amenaza con espiralizarse si una propuesta no llega pronto.
Es que el sindicato vio como la Reforma Previsional impulsada desde el Centro Cívico a fines de 2025 licuó la recomposición que había obtenido apenas cinco meses antes, después de un extenso conflicto que incluyó asambleas, movilizaciones, jornadas de paro (con los consecuentes descuentos) y trabajosas negociaciones con el Tribunal Superior de Justicia.
Aquellos meses de tensión se resolvieron con un acuerdo que apenas conformó a las bases, ya que tuvo efectos muy desparejos en la pirámide salarial del gremio. Se trató de un reescalafonamiento que buscó acortar distancias camino a la equiparación de los salarios que perciben los judiciales provinciales respecto de sus pares de la Justicia Federal, representando el primer paso en un programa que a lo largo de tres años llegaría a arrimar (parcialmente) estos dos universos.
Ese acuerdo ya tenía un problema genético: a pesar de que fue beneficioso para la base del escalafón, dejó muy poco para aquellos que no revistaban en las categorías eliminadas, que no fueron automáticamente promovidos. Y tampoco representó grandes cambios para las categorías superiores.
Este marco ya dejaba una paz frágil, pero paz en fin. El asunto es que los beneficios de aquel acuerdo fueron licuados por el incremento de los aportes que impuso la “Ley de Equidad Previsional”, particularmente gravoso para los empleados con mejores remuneraciones al segmentar tales aportes en 4, 6 y 8 puntos porcentuales dependiendo del ingreso. Para estos últimos, el saldo entre el reescalafonamiento de junio y la Reforma Previsional de diciembre arrojó un resultado negativo.
Por si fuera poco, el propio paso del tiempo tiene el efecto de agravar la situación: al fijarse las categorías en valores absolutos, cada vez son más los judiciales alcanzados por los aportes “calificados” del 6 y el 8 por ciento. Y es este el escenario que explica la creciente conflictividad entre los judiciales. Y no solo entre los empleados judiciales… Los magistrados y funcionarios, si bien no coordinan un reclamo conjunto, lo transitan en paralelo.
Después de un paro de 36 horas a fines de abril, el gremio venía manteniendo la presión con asambleas, movilizaciones y “ruidazos”, y en la asamblea extraordinaria de la semana pasada resolvió profundizar el reclamo con dos paros de 48 horas: el primero tuvo lugar el viernes de la semana pasada y el lunes de esta semana; el próximo tiene fecha para el viernes y el martes próximo. Esta segunda jornada se suspendería si llega una oferta del TSJ, pero hasta ahora no hay certezas de que eso suceda.
Durante la manifestación de el último martes, que sacudió a Tribunales I, el Administrador General de Justicia convocó a las autoridades del gremio a un encuentro con el TSJ que tuvo lugar ayer.
La reunión terminó sin un ofrecimiento concreto, pero las máximas autoridades judiciales dijeron estar trabajando en una propuesta. El pedido de los representantes gremiales fue que el ofrecimiento llegara rápido, y advirtieron que las medidas de fuerza solo se suspenderían cuando existiera una propuesta concreta para poner bajo análisis.
Hoy, Judiciales realizará una nueva manifestación en el Palacio de Justicia, a la que asistirán todas las delegaciones de la primera circunscripción.
Cabe destacar que el sistema de reajuste salarial de Judiciales sigue una mecánica diferente a la de los demás gremios estatales: no se basa en acuerdos paritarias periódicos, sino que se encuentra “atado” a la evolución de los salarios de la Justicia Federal, que a su vez siguen los reajustes de la Cortes Suprema de Justicia de la Nación.
De hecho, la disonancia se plantea porque una normativa local (la “Ley de Equidad Previsional”) altera un sistema que, en principio, se rige por otras variables.
En virtud de estas particularidades, la conducción gremial plantea hoy dos salidas: un adelantamiento de los tramos de reescalafonamiento, y/o el adelantamiento de la “bonificación por permanencia” (en la categoría), que la mayoría de los judiciales cobraría en 2027 si se sigue la letra de lo acordado en junio del año pasado. La intención del oficialismo gremial es que se adelante en un 50 por ciento esa bonificación, que representa un 10 por ciento sobre el básico.
Los acuerdos arribados entre la Provincia y el resto de los estatales, que representarán una recomposición si la inflación no se dispara, generan un marco de moderado optimismo para los judiciales, que entienden podrán ganarle algunos puntos al IPC en 2026 si son medidos con la misma vara.
