Felipe Osman
Con la firma de los legisladores Leonardo Limia, Ileana Quaglino, Ramón Flores y Edgardo Russo, el bloque oficialista presentó en la Legislatura un proyecto solicitando al Tribunal Superior de Justicia que suspenda la designación del fiscal Iván Rodríguez como procurador penitenciario adjunto, después de que el funcionario quedara señalado tangencialmente en el ‘caso Agostina Vega’ por no haber elevado a juicio la causa que Claudio Barrelier, principal sospechoso del crimen, arrastraba hacía un año por privación ilegítima de la libertad.
El proyecto tiene sentido y viene a darle forma institucional a una decisión política. Junto a Raúl Garzón, Rodríguez quedó en expuesto ante la opinión pública y se convirtió en blanco principal de la oposición, que motorizó pedidos de Jury en contra de ambos fiscales.
Hasta el momento esos pedidos están bajo estudio en el Jurado de Enjuiciamiento, y aunque no hay información oficial al respecto, sí hay trascendidos de que la situación de Rodríguez sería considerablemente más endeble, y la habilitación del proceso en su contra, tanto más probable.
Esta circunstancia tenía en stand by la designación del resto de los integrantes de la Procuración Penitenciaria, organismo creado por Hacemos Unidos a fines del año pasado para inspeccionar y supervisar los lugares de detención, elaborar recomendaciones y requerimientos formales a organismos estatales, solicitar medidas urgentes frente a situaciones de vulneración de derechos y generar acciones constitucionales o procesales para proteger los derechos de las personas privadas de libertad.
El organismo, diseñado para funcionar con autonomía funcional y bajo la órbita del Poder Judicial, tenía además un objetivo político claro: limitar la responsabilidad del ministerio de Justicia en el manejo de las cárceles.
Con la creación de la procuración penitenciaria, el oficialismo también abrió siete jugosas vacantes: una Procuraduría General, cuatro procuradurías adjuntas, y dos secretarías técnicas. Y semanas después avaló los pliegos para que cinco de esos lugares fueran ocupados por Bettina Croppi (Procuraduría General), Guadalupe Trillo Pellizari, Iván Rodríguez y María Florencia Degano (procuradurías adjuntas), y Melani Mattía (secretaria técnica).
Ahora, con el congelamiento de la designación de Rodríguez, enredado en el Jury, avanza el juramento de los otros cuatro funcionarios, que tendrá lugar este viernes.
Por su parte, el proyecto impulsado por el oficialismo cobrará estado parlamentario en la sesión de hoy, aunque no es seguro que se trate, sobre tablas, en esta misma jornada, cuestión que se definirá en Labor Parlamentaria.
En cualquier caso, la iniciativa busca darle forma institucional a la decisión política de suspender la designación de Rodríguez, entendiendo que la participación de la Legislatura en la evaluación y aval de los pliegos, y la posterior presentación de pedidos de Jury, trasluce la responsabilidad del Legislativo de solicitar tal medida al TSJ.
