Carolina Biedermann
La sesiónl de la Legislatura de Córdoba prometía una jornada de alto contenido político. En la agenda aparecían dos temas que anticipaban cruces entre oficialismo y oposición: un proyecto para instar a los diputados y senadores nacionales por Córdoba a pronunciarse sobre el pedido de interpelación al vocero presidencial Manuel Adorni y otro vinculado con la situación del fiscal Rodríguez, cuyo desembarco en la Procuración Penitenciaria Provincial también había generado polémica.
Sin embargo, ninguna de las dos iniciativas llegó a debatirse en el recinto. La sesión terminó siendo bastante más liviana de lo que se preveía y el oficialismo consiguió cerrar una jornada sin sobresaltos, con proyectos de consenso como principales protagonistas.
Uno de los temas que finalmente quedó en el camino fue la iniciativa presentada por Oscar Agost Carreño para que la Unicameral instruyera a los legisladores nacionales por Córdoba a fijar posición respecto del pedido de interpelación a Adorni. Según pudo reconstruir este medio, el expediente perdió impulso luego de que el legislador Bernardo Knipscheer presentara una iniciativa de similares características, situación que abrió una nueva interna alrededor de la estrategia opositora y terminó diluyendo el tratamiento del proyecto.
Tampoco prosperó el planteo impulsado por Gregorio Hernández Maqueda respecto del fiscal Rodríguez, quien debía asumir este viernes al frente de la Procuración Penitenciaria Provincial. La propuesta consistía en permitir su asunción para luego avanzar con el proceso de juicio político.
La explicación que predominó entre los distintos bloques fue que ya existe un pedido de jury de enjuiciamiento firmado por los legisladores, por lo que ahora corresponde esperar el avance de ese procedimiento antes de tomar nuevas decisiones institucionales.
Con ambos debates fuera del temario efectivo, la sesión encontró su principal resultado en la sanción de una ley impulsada por el socialista Matías Chamorro, acompañada por todos los integrantes de la Comisión de Economía Social, Cooperativas y Mutuales.
La nueva norma establece mecanismos de protección y apoyo para las empresas recuperadas por sus trabajadores organizados como cooperativas de trabajo. El objetivo es preservar las fuentes laborales, sostener las unidades productivas que atraviesan procesos de recuperación y promover la generación de nuevos puestos de trabajo mediante herramientas de asistencia provincial.
La ley también crea un Registro Provincial de Empresas Recuperadas. Actualmente funcionan en Córdoba 26 empresas bajo esta modalidad, distribuidas en actividades como servicios públicos, logística, mantenimiento, medios de comunicación y gráfica.
Durante el debate, Chamorro sostuvo que “este proyecto busca defender el trabajo y hoy defender el trabajo es defender la dignidad de miles de cordobeses”, al tiempo que destacó el rol que estas experiencias cumplen para sostener el empleo en contextos de crisis.
