Redacción Alfil
El nuevo frente de tormenta que atraviesa el oficialismo provincial por el escándalo de los asesores del legislador Ramón "Cañito" Flores puede demorar el tratamiento del pliego de Guillermo Arias, ganador del concurso del Consejo de la Magistratura para nuevo juez electoral de Córdoba.
Informante: Mucha tensión en la Legislatura. El PJ está enojado con el PJ y de hecho ayer hubo comisiones que quedaron desiertas, y no justamente por la oposición. La cosa es que la sesión de este miércoles pasó para el lunes 31. Todo esto demora el proceso de jura de Guillermo Arias como nuevo juez electoral. Fíjese que el Ejecutivo todavía no envió el pliego a la Unicameral para pedir acuerdo...
Alfil: Claro, el pliego tiene que tomar estado parlamentario y luego debe realizarse la entrevista ante la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
I: Si se mueven rápido, la primera fecha para que ingrese el pliego sería el lunes 31. Luego viene la entrevista y el despacho de comisión. Y de ahí al recinto, para aprobación. Y recién con todo eso listo, el TSJ estaría en condiciones de tomarle juramento al nuevo juez.
A: ¿Puede haber otra sesión de la Legis esa misma semana para finiquitar el tema?
I: Si. El Tribunal Superior quiere que Arias esté en funciones el 6 de septiembre, para las elecciones en Marcos Juárez. Confían mucho en la Junta Electoral local, pero nunca se sabe qué puede pasar. Lo concreto es que ayer Arias, todavía secretario parlamentario de la Unicameral, fue el encargado de comunicar que recién el lunes 31 hay sesión, con todo lo que eso implica para él.
El informante gremial atendió al llamado del periodista, que quería saber cómo se sentaba el gremio a la última reunión de la conciliación obligatoria.
Informante: Pf, en ascuas. Lo único que sabemos es lo que trasciende por los medios.
Alfil: No termino de entender.
I.: Así como lo escucha. El Gobierno espera hasta el último día de la conciliación para dar la oferta, y de esa oferta todavía no sabemos nada. Lo que sí se comentó es que el Gobierno piensa recalibrar su “Equidad Jubilatoria” bajando el techo del 8 por ciento de aportes al 6 por ciento, que en rigor no es más que obedecer a lo que dispuso el Tribunal Superior de Justicia en un fallo que ya tiene más de dos meses.
A.: Recuerdo. Bueno… es una pequeña victoria, ¿no?
I.: Será una victoria de los jueces, porque le digo que la enorme mayoría de los empleados paga el 4 o el 6 por ciento. Nosotros lo que queremos es saber cuánto va al básico.
El legislador Matías Gvozdenovich presentó un proyecto de resolución para exigirle al Poder Ejecutivo que rinda cuentas sobre el funcionamiento del Fondo de mantenimiento de móviles y edificios policiales.
Informante: La iniciativa legislativa pide conocer de manera urgente y detallada los montos asignados, el plan de entrega mensual del periodo 2026 y los supuestos pagos atrasados de 2025.
Periodista: ¿Frente a qué problema se encontraron con este tema?
I.: Hay múltiples denuncias de intendentes del interior provincial que deben afrontar el mantenimiento de patrulleros y edificios policiales con recursos propios porque sino se les vienen encima. La seguridad no es un juego y los fondos deben estar disponibles para todos por igual.
El Defensor del Pueblo de Carlos Paz, Víctor Curvino, que fue reelecto el año pasado con una participación bajísima de electores en las urnas (apenas el 17% del padrón), sumó en los últimos días un nuevo pedido de juicio político.
Informante: Curvino nuevamente está en la mira. El año pasado habían presentado un pedido de juicio político cuando se viralizó el video que se lo ve conduciendo y tomando champán en la costanera de Carlos Paz. Esa vez, no hubo votos suficientes para que la solicitud pasara a la sala de juzgamiento y fue rechazada en sala acusadora. Ahora, otro excandidato a defensor del Pueblo, Santiago Juliá, busca que se lo juzgue en el Concejo de Representantes.
Alfil: ¿A qué se debe esta vez?
I: Juliá presentó una cronología de publicaciones y declaraciones de Curvino en sus redes sociales personales que, según sostiene, demostrarían una conducta política sostenida desde 2023. Son posteos de Curvino en que se refiere al exintendente Carlos Felpeto, al legislador Walter Gispert, al excandidato a intendente Emilio Iosa, y a los concejales de la oposición Daniel Ribetti y Fernando Revelo. En particular, señala que Curvino calificó de “demagogia barata” determinadas posiciones políticas, los llamó “oportunista” y utilizó expresiones como “vende humo” y “berretas”.
A: ¿Eso es suficiente para pedir juicio político?
I: Lo que dice Juliá es que la Carta Orgánica establece restricciones para el defensor del Pueblo respecto de actividades político-partidarias y contempla el juicio político ante situaciones de mal desempeño o irregularidades. La presentación apunta a demostrar que estos calificativos hacia los dirigentes no se trataría de episodios aislados sino de una conducta que se habría mantenido durante casi tres años y que habría tenido como blanco principal a dirigentes enfrentados con el oficialismo municipal.
