Javier Boher
El femicidio de Agostina Vega y la situación de Claudio Barrelier como contratado municipal pusieron en el centro de la atención el tema de los ingresos al Estado. Si bien los casos de gente sin la capacidad suficiente se repiten de manera regular, el episodio del inspector-sicario que cobró trascendencia la semana pasada expone hasta qué nivel puede llegar la falta de idoneidad en el ejercicio de las labores públicas.
Indudablemente que las personas que se manejan dentro del entramado de lealtades que confunden los límites de los partidos, los gobiernos y los Estados valoran positivamente el compromiso, la militancia y todo tipo de habilidades o herramientas que puedan sumar para acceder y mantenerse en el poder. Siempre hacen falta personas de escasos recursos morales para hundir los pies en el barro de las peores bajezas de la sociedad. No importa cuánto se lo adorne con discursos de bondad y esperanza, al final del recorrido lo que más se valora es la capacidad de obtener obediencia entre ciertos sectores de la sociedad.
Quizás sea por el deterioro general de esta última que parece haber peoliferado un tipo de sujeto político de poca monta que vive y prospera a partir de la marginalidad, pero que necesita un blanqueamiento y reconocimiento a partir de su ingreso al Estado. Los Barrelier, Silva o cualquier otro personaje de esta calaña quieren el manto protector de un Estado que los meta en el primer estrato de esa oligarquía que conduce al sector público. Aunque hay un patrón que se repite, no hay partido exento de este tipo de maniobras.
Nos pasamos semanas hablando de la situación preocupante de las deudas de la gente, solamente para terminar confirmando que la situación de los que piden prestado en negro es mucho peor, al punto de que terminó explotando en este escándalo. Sabemos que la necesidad es lo que empuja a la gente a endeudarse con este tipo de personajes, pero ¿qué es lo que hace que nadie los denuncie jamás?¿es, acaso, por su identificación con el Estado, el gobierno o un partido?
No hay dudas de que las personas que recurrieron a esa ayuda se manejan fuera de los bordes de lo formal y temen por las represalias que puedan llegar a partir de su incumplimiento o las denuncias. Sin embargo, hay mucha gente que observa estas cosas desde afuera, preocupada por el deterioro de los barrios en los que viven y la mala calidad de vida asociada a ese tipo de acciones delictivas.
La pregunta, entonces, es sobre las razones por las cuales la gente ha decidido dejar de denunciar este tipo de cuestiones; por qué no se denuncia a ladrones, usureros, vendedores de droga, particularmente en los casos en los que estos sujetos además integran el plantel del Estado.
Las nuevas tecnologías que permiten denunciar a los que ocupan las cocheras o pasean perros sin bozal deberían estar también disponibles para empezar a marcarle límites a los empleados y contratados que integran el cuerpo de ese Leviatán que se erigió para obligarnos a cumplir las normas. Los ciudadanos no le deberían temer al Estado cuando le exigen que cumpla su parte del trato.
