Ente de Control, strike dos: el PJ no consiguió los votos (otra vez)

Por Felipe Osman

Por segunda vez consecutiva, el oficialismo tuvo que devolver a comisión el proyecto que busca crear un Ente de Fiscalización y Control autárquico para la autorización, habilitación, fiscalización y control de todo tipo de establecimiento destinado a desarrollar actividades económicas, desde locales comerciales, hasta módulos alimentarios, pasando por eventos de concurrencia masiva y espectáculos públicos.

Hacemos Unidos viene maniobrando desde la semana pasada para aprobar este ente que extirpará de la estructura orgánica del municipio las funciones de habilitación y control de negocios, áreas sumamente sensibles del Palacio 6 de Julio que han quedado en la mira a partir de la causa por los certificados “truchos” de Bomberos, que ya cuenta con media docena de detenidos, entre ellos, el ex subjefe de Policía y ex director de Defensa Civil de la Municipalidad, Gustavo Folli.

El peronismo esperaba un tratamiento express de la iniciativa, pero la oposición empezó a mirar la letra chica en la Comisión de Legislación General, y a pesar de que muchos de los cambios sugeridos por los bloques opositores fueron incorporados al despacho que obtuvo aprobación, Hacemos Unidos no alcanza los dos tercios de los votos que la Carta Orgánica requiere para la creación de entes autárquicos.

Con la expectativa de despejar el asunto de la agenda, el oficialismo convocó a tres sesiones en dos semanas, pero los respaldos no aparecieron. Desde la bancada mayoritaria esperaban, primero, que algunas ausencias bajaran el listón, permitiendo que el proyecto sea aprobado con no más de 19 votos, pero la asistencia viene siendo perfecta. Después, especuló con arañar dos votos de la UCR, y luego con ganar la complicidad de los tres votos del Frente Cívico. Sin embargo, nada de eso pasó. Y la creación del nuevo ente deberá esperar, según lo acordado en Labor Parlamentaria, 30 días para volver a ser tratado en el recinto.

Los opositores saben que para el oficialismo es imperativo mostrar iniciativa transparentando y eficientizando los procesos de fiscalización y control frente al avance de la investigación judicial que lleva el fiscal Guillermo González, pero entiende que el proyecto deja demasiados grises librados a la reglamentación que a posteriori haga el Ejecutivo que, además, no ha evacuado todas las dudas de la oposición. 

El Palacio 6 de Julio, en tanto, tiene méritos para mostrar en la materia, como la digitalización de buena parte de los procedimientos y las Habilitaciones Online generados durante la gestión de Martín Llaryora. El equilibrio que tiene que administrar la oposición es, entonces, delicado. Puede ganar centralidad en un Concejo que, salvo en los extraordinarios casos en los cuales se requiere mayoría agravada, se moverá muy rápido y sin conceder protagonismo a los opositores. Pero no puede aparecer ante la ciudadanía como un actor que resiste un cambio positivo para los vecinos. En ese angosto andarivel, aplazó la discusión hasta febrero.

A su entender, era una oportunidad importante. El oficialismo venía de recibir un revés en la Legislatura, que tuvo que empeñar dos sesiones en aprobar el incremento de los aportes que los estatales hacen al APROSS y la Caja de Jubilaciones. A su vez, cualquier fuga hubiera resultado costosa. La abstención de Dante Rossi en la Unicameral el miércoles fue sumamente criticada por sus correligionarios. Nada parecido hubiera sido bien visto en el Concejo.

Por otro lado, el recinto también trató y aprobó la adhesión a la nueva Ley de Seguridad Provincial. Lo hizo con los votos propios y los de Gabriel Huespe (Ciudadanos) y Jessica Rovetto Yapur (Cordobeses por la Libertad), ambos escisiones del PRO.

La parte más jugosa del debate tuvo lugar durante el tratamiento de este proyecto. Hubo cruces entre el oficialismo y la UCR protagonizados por Diego Casado (PJ), Martín Simonian (PJ) y Javier Fabre (UCR). 

Y, aunque no en cuerpo, estuvo presente Juan Pablo Quinteros, ex concejal por Encuentro Vecinal y flamante ministro de Seguridad, al que Laura Vilches (FIT) le reprochó haber cambiado la maratón (el ahora funcionario provincial es un aficionado al running) por el “salto ornamental”, por haber cruzado las filas con rumbo al oficialismo después de bautizar a Llaryora como “el señor de los rodillos”, desmereciendo la obra pública ejecutada en la ciudad por el ahora gobernador.

Además de Vilches, Martín Juez recordó también a Quinteros, desconociéndole condiciones para el cargo que ahora desempeña.

Finalmente se trató el proyecto que reflejó en las dietas del Concejo el recorte a los salarios de los funcionarios municipales aprobado en la sesión anterior. La iniciativa contó con el apoyo de todos los bloques, con la única excepción del FIT, que ya había expuesto los fundamentos de su abstención cuando se votó el proyecto que sirvió de precedente al abordado ayer.