El exministro Martín Guzmán se suma al debate por el cepo

El exministro de Economía Martín Guzmán, junto a los analistas que lo acompañan en el think tank Sudamericana Visión, y el centro de investigación Fundar, se incorporaron al debate que tiene la Argentina respecto de cuándo y cómo salir del cepo. Elaboraron un documento en el que afirman que es “necesario ir hacia un esquema que no esté caracterizado ni por cepos cambiarios ni por una liberalización irrestricta, sino por una regulación que considere las características imperfectas de los mercados internacionales”.

El informe titulado “Ni cepo ni liberalización completa: hacia una regulación prudente de los flujos de capitales”, propone un esquema que funciona como un conjunto de “válvulas” que permiten graduar los flujos de liquidez en el caso de eventos disruptivos en el mercado de cambios, pero que no afectan la actividad habitual en tiempos de estabilidad. Con el régimen se buscan evitar “posiciones extremas” en cuanto a la apertura de la Argentina a los movimientos de capital internacionales y a su integración financiera internacional, ya sean experiencias como el cepo férreo al estilo del que impuso el kirchnerismo a partir de 2011, como la apertura del período 2015-2017 del macrismo que desembocaría en la crisis de abril de 2018.

El documento fue elaborado por Guzmán y los economistas Fernando Morra, Ramiro Tosi, Guido Zack y Pablo de la Vega. Sostiene que la Argentina “no ha logrado establecer una forma consistente y estable de insertarse en los mercados financieros internacionales y ha exhibido un patrón de regulación de capitales excesivamente volátil”. Entienden que “la autarquía financiera daña la inversión porque desincentiva el ingreso de capitales productivos”. Por otro lado, agregaron que “la total desregulación de la cuenta financiera externa expone al país a movimientos de capitales abruptos que generan excesiva volatilidad cambiaria”.

Desde la perspectiva del grupo esta disyuntiva es un falso dilema: “Al tiempo que se busca proteger a la economía de la inestabilidad que pueden ocasionar los movimientos disruptivos y abruptos en los flujos de capitales, se debe potenciar la capacidad de crecimiento de la economía, generando un ambiente propicio para las inversiones”.

Subrayaron que el fortalecimiento de la moneda y del mercado de capitales doméstico es un “paso fundamental para avanzar en una mayor integración a los flujos de capitales sin caer en crisis recurrentes de balanza de pagos”. Dentro de las condiciones para la estabilización de la macroeconomía destacaron el ordenamiento fiscal, “en un marco de crecimiento”, que permita eliminar “la dependencia del financiamiento monetario y de los capitales externos de corto plazo”.

El equipo planteó que las regulaciones de carácter prudencial, “no como un esquema de transición, sino como un régimen permanente, contribuirían a la estabilidad económica”. Compararon el esquema presentado “como un conjunto de ‘válvulas’ que permiten graduar los flujos de liquidez en el caso de eventos disruptivos en el mercado de cambios, pero que no afectan la actividad habitual en tiempos de estabilidad”.

Los economistas directamente sugirieron las siguientes herramientas regulatorias: encajes o impuestos que discriminan por el plazo del flujo de capitales. Más precisamente, encajes desde 30% para menores a 30 días hasta 0% para mayores al año; mantener la obligatoriedad de liquidación de los ingresos por exportaciones, “aunque con plazos y montos que no afecten la normal operatoria de negocios”. En concreto, de 90 a 180 días para operaciones que superen los USD75.000 millones.

También propusieron el establecimiento de requisitos de conformidad previa con un límite elevado que irían convergiendo a valores por encima de US$ 3 millones mensuales, pero comenzando con valores más bajos, “que permitan el acceso al mercado de cambios, pero al mismo tiempo establezcan una protección ante situaciones de riesgo cambiario”.

Por último, consideraron “fundamental” la regulación macroprudencial, como las normas y reglas sobre el financiamiento público, incluyendo provinciales y municipales, en moneda extranjera y legislación extranjera, para “evitar la acumulación de riesgos sistémicos”.

Además, destacaron la importancia de fortalecer las instituciones ocupadas del diseño, monitoreo, control y cumplimiento de las regulaciones.