Dejó de hibernar el tema del reemplazo de Blanc de Arabel en el máximo tribunal de justicia de Córdoba. Sectores del oficialismo creen que el gobernador tiene que ocupar ya el lugar vacante con una mujer de carrera judicial. El “partido cordobés” empezó a quedar incómodo y se impone la modestia de la realpolitik.
Provincial26 de agosto de 2024
Bettina Marengo
Por Bettina Marengo
Es posible que el debate en el Senado por las designaciones en la Corte Suprema de Justicia de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla le permita al gobernador Martín Llaryora abrir una puerta para impulsar la cobertura de la, por ahora, única vacante en el Tribunal Superior de Justicia, que se produjo a principios de año por la jubilación de la jueza Mercedes Blanc de Arabel. El mandatario está pensando en una mujer de carrera dentro de Tribunales, no ligada directamente al PJ o al gobierno provincial, aunque lo único inamovible sería la cuestión de género.
Esa inquietud y la necesidad de que su eventual postulante goce de consenso en la Legislatura provincial y en el sistema político local está en la base del tácito aval del jefe del Panal a la figura de Lijo, controvertida para casi todo el arco partidario y jurídico. “No tengo ninguna objeción” con los candidatos que impulsó el presidente Javier Milei, dijo el mandatario, aunque el que provoca mayores reparos es el hombre de Comodoro Py. Este diario adelantó así la estrategia del cordobés:
Si avanza el trámite en la Legislatura, el sanfrancisqueño ubicaría un juez en el TSJ antes de finalizar su primer año de gobierno. Hay que recordar que su antecesor, Juan Schiaretti, nombró al final de su segundo mandato al actual presidente Luis Angulo, que venía de ser ministro de Justicia de su gobierno y pertenece al grupo original del schiarettismo.
Aunque el cargo solo necesita mayoría simple en la Unicameral, en el entorno del jefe del Panal se habla de fomentar un “pacto cordobés” para que la eventual designación tenga consenso político. La idea de “pacto” o “acuerdo” cordobés va más allá de este tema sensible: es una versión nueva o el refresh del “partido cordobés” que el oficialismo entiende empezó a quedar rígido porque espanta a dirigentes radicales, del PRO o de otros espacios no peronistas que están dispuestos a jugar con el Panal pero no en términos de pase o de “partido”. Y puertas adentro, provoca picor en sectores del peronismo que ven diluido el peso específico de la columna vertebral del esquema oficialista.
Con esa idea de acuerdo o pacto, los llaryoristas creen que puede haber novedades de nuevos nombres aliados cuando finalice la interna de la UCR, y quieren que algunos actores se sientan cómodos de apoyar leyes o propuestas sin tener que formar parte del cordobesismo peronista. La modestia de la realpolitik.
En el entorno del gobernador las miradas están divididas. Un sector quiere activar ya y asegurar la vocal que falta en el máximo tribunal, y otro mantiene la posición de reunir un atado de cargos donde entren también los integrantes del Ministerio Público de la Defensa, posibles nuevos lugares en el TSJ y en el Ministerio Público Fiscal (se volvió a hablar de una jubilación) y el Defensor del Pueblo que quedó en manos interinas luego del fin del mandato de Mario Decara. Este último es el único que necesita dos tercios para su aprobación y es la zanahoria para negociar con una oposición requiriente de lugares.
Podría ser que gane la posición del “pájaro en mano” porque luego de un cuarto de siglo en el poder, el oficialismo, o algunos de sus miembros, busca asegurarse un eventual retiro sin sobresaltos judiciales.
Todo está por verse, pero el tema ya no hiberna como hace unos meses. Llaryora se convenció que tiene que jugar puertas adentro mientras Milei esté fuerte, dejarle el plano nacional a Schiaretti, apoyarlo en su armado y rezar para que encabece la lista de diputados de Córdoba o de CABA en 2025. En pocos días, Hacemos Unidos por Córdoba ingresará a la Unicameral días un paquete de leyes vinculadas a la justicia, entre ellas la ampliación de funciones de las fiscalías antinarcóticos provinciales, cuyo número el gobierno amplió. La idea es contar con la nueva herramienta antes de que los aspirantes para cubrir las fiscalías rindan los exámenes. Habrá otros proyectos, se verá hasta dónde mete el cuchillo el Uno.
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