Las provincias y el Presupuesto 2025: porqué la Rosada convocó a los gobernadores

Por Gabriela Origlia

El presidente Javier Milei le pidió a los gobernadores que pongan en marcha un ajuste de US$60.000millones para reducir el gasto total a 25 puntos del PBI el año próximo. La cifra luce absolutamente imposible de lograr en un solo año. El planteo desembocó en una reunión del jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía, Luis Caputo, con los gobernadores “dialoguistas”.

Entre los varios puntos que transparentan los números presentados por Nación, no está claro que Anses vaya a cumplir con el pago de los déficits de las cajas de jubilación provinciales no transferidas, entre las que está Córdoba. Tampoco que vaya a aceptar de manera automática la devolución de la coparticipación ordenada por la Corte Suprema de Justicia para CABA.

Del reparto entre jurisdicciones, 43,7% se concentra entre CABA y la provincia de Buenos Aires. Córdoba recibirá 4,5% del total, lo que implica una variación nominal interanual de 45,9%. Más atrás quedan Santa Fe (4%) y Mendoza (2,8%). Se trata del total de dinero que usa Nación en ese destino por todo concepto (pago de salarios de agentes públicos nacionales allí asentados, programas sociales según domicilio del beneficiario, adquisición de bienes y servicios, proyectos de inversión, etc.). En términos relativos, las provincias que mostrarían el mayor avance del gasto serían Santa Cruz (155%), San Juan (59,3%) y Misiones (56,7%); en el otro extremo, las provincias con la menor variación serían Catamarca (31,5%), La Rioja (2096%) y Tierra del Fuego (26,9%).

Todos los datos se desprenden de un trabajo de Politikon Chaco que dirige Alejandro Pegoraro. Respecto de las deudas con las 13 cajas de jubilaciones provinciales no transferidas a Nación el  artículo 59 del proyecto de presupuesto nacional para el año próximo establece un crédito presupuestario por $ 254.421 millones de Anses para transferencias a cajas previsionales provinciales que no transfirieron sus regímenes previsionales al Estado Nacional, en concepto de anticipo a cuenta del resultado definitivo del sistema previsional provincial.

Ese artículo establece, además, que “solo podrán requerir el pago de los anticipos a cuenta, aquellas provincias que tuvieran un déficit reconocido, ya sea provisorio o definitivo, que surja de un acuerdo suscripto con la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), que corresponda al menos al Ejercicio 2021 o posterior”.

Hay que recordar que en su última presentación ante el Congreso, el Jefe de Gabinete Guillermo Francos afirmó que a la fecha no hay deuda algunas de Anses con las provincias por este concepto, alegando además que no existen convenios firmados que sustenten las transferencias.

“Por ende, pese a existir el crédito presupuestario para tal fin, será el Anses la que deberá determinar no solamente si corresponde o no las transferencias (vía las auditorías que este año se anunció que se harían) sino también quien avance en la firma de convenios a tal efecto. Aun realizando todo eso y bajo el supuesto de que comenzarían a realizarse estos envíos, hoy frenados, la suma del crédito presupuestario detallado no cubre lo que las provincias demandan como deuda, abriendo la puerta así a la continuidad de reclamos por vía administrativa o incluso judicial a tal efecto”, sostiene Pegoraro.

De acuerdo con las proyecciones para el ejercicio 2024 para el consolidado de las 24 jurisdicciones subnacionales prevén una mejora del resultado primario y financiero respecto a 2023. El resultado primario pasaría del 0,1% del PIB en 2023 al +0,2 en 2024 y -0,3% a -0,1% para el financiero. En términos de ingresos, el 2023 cerró con un superávit primario consolidado por el 0,5% y un resultado financiero deficitario de -1,6%; en 2024, se proyecta un resultado primario por el 1,2% de los ingresos y financiero por el -0,6%.

Coparticipación y giros discrecionales

Para el 2025, el Gobierno nacional proyecta mejoras para el conjunto de provincias y CABA, que cerrarían el año con superávit primario por el 0,3% de PIB y equilibrio en el resultado financiero. En términos de ingresos, mostrarían un superávit primario del 1,6% y financiero por el 0,2%.

En función de la estimación de recaudación tributaria nacional, la distribución a provincias y CABA por transferencias automáticas representarían el 49% la recaudación (excluyendo comercio exterior y seguridad social), un nivel superior al de los años 2021- 2024. El texto del proyecto contempla que las transferencias automáticas alcancen los $ 57 billones para el año 2025, equivalente a 7,5% del PIB, con lo que podrían crecer el 39% en ese año respecto a este 2024.

En el caso de las no automáticas, serían del orden de los $ 3,6 billones. De ese total, $ 3,3 billones corresponden a transferencias corrientes y $ 0,3 billones a transferencias de capital. La novedad para este caso es que, aun partiendo de la base que son valores nominalmente bajos en relación con el presupuesto (equivaldrían al 3,1% del gasto), estas transferencias a provincias y municipios tendrían un incremento del 69,9% respecto al cierre estimado para el 2024.  El crecimiento estaría impulsado principalmente por las transferencias corrientes (+77,4%) y en menor medida por las de capital (+21,1%). Así, estas transferencias consolidadas crecerían casi el doble que el gasto total estimado (+32,8%).