La oposición salió al cruce de Accastello y lo tildó de“monarca y poco plural”

Por María Florencia Coria

El concejal de Uniendo Villa María, Manuel Sosa, y el tribuno de cuentas del mismo espacio, Maximiliano Romero, han vuelto a cargar contra la gestión municipal encabezada por el intendente Eduardo Accastello, denunciando una creciente falta de transparencia en la administración local.

En una extensa declaración, ambos dirigentes apuntaron a lo que consideran una preocupante concentración de poder en la ciudad y señalaron que las prácticas del gobierno local han obstaculizado el acceso a información pública, afectando la participación ciudadana y la rendición de cuentas.

El “mito” de la crisis económica

Manuel Sosa, uno de los principales críticos de la administración de Accastello, comenzó su análisis refiriéndose a la aprobación de la ordenanza de “Emergencia Económica” en los primeros días de la actual gestión municipal. Según el concejal, esta medida se construyó en base a lo que considera un “mito” de crisis económica, que permitió al gobierno local concentrar poder y justificar una serie de decisiones que perjudicarán a los vecinos y a los trabajadores.

Uniendo Villa María fue la única fuerza que votó en contra de la emergencia, aunque acompañaron algunos capítulos de la ordenanza que beneficiaron a los vecinos, como las formas de pago y la renegociación de deudas con entes nacionales, rechazaron las disposiciones más duras, aclaró Sosa. Entre ellas, destacaron la posibilidad de convocar un concurso de acreedores para los proveedores municipales, revisar contratos públicos y contratar un riesgo empresarial, lo cual consideran que atenta contra los derechos laborales y profundiza un modelo de concentración de poder.

Acuerdos políticos

Uno de los puntos más críticos señalados por el abogado es lo que él considera un acuerdo político entre el actual intendente, Eduardo Accastello, y el líder del PRO en Villa María, Darío Capitani. Este acuerdo, según el edil, no solo ha permitido concentrar poder en manos del oficialismo, sino que ha generado una especie de "monarquía política", donde solo se aprueban proyectos de la fuerza oficialista.

“Este pacto ha permitido la consolidación de un modelo de gobierno en el que se han tercerizado servicios clave, beneficiando a actores cercanos al PRO, como Juan Zazzetti, (ex candidato a intendente). El ejemplo más claro es la contratación de la empresa de Zazzetti para gestionar el recupero de dinero de las atenciones de salud municipales” dijo.

Sosa también fue contundente al señalar que este acuerdo es "espurio" y que su resultado ha sido la pérdida de más de 350 empleos en la municipalidad, un aumento impositivo sin precedentes en la ciudad y una creciente falta de transparencia en la gestión pública. “Este es un acuerdo económico y político que perjudica a la ciudad y no le permite avanzar en transparencia o participación ciudadana”, afirmó.

Además, denunció que la gestión del estacionamiento medido ha quedado en manos de la Empresa Municipal de Transporte Urbano de Pasajeros Sociedad del Estado (E.M.T.U.P.S.E), cuya directiva, Sosa, está conformada por miembros del PRO, fortaleciendo así el vínculo entre Accastello y Capitani. “Este es un modelo de concentración de poder, en el que no hay transparencia ni participación ciudadana”, afirmó el edil opositor.

Adelantó que, desde noviembre del año pasado no se publican datos esenciales como contrataciones y proveedores municipales, “esto evidencia la intención del gobierno local de ocultar información clave” dijo. Para Sosa, la falta de respuesta a los pedidos de informes de la oposición es una práctica recurrente que agrava aún más la situación.

La judicialización de la transparencia

Un punto particularmente polémico que planteó es la decisión del Ejecutivo municipal de apelar una sentencia judicial que lo obliga a entregar información pública clave. En junio, la Cámara Contenciosa Administrativa emitió una sentencia que ordena a la municipalidad entregar documentación como el libro diario, el estado de caja y el saldo. Sin embargo, el gobierno local decidió llevar el caso al Tribunal Superior de Justicia, retrasando aún más el acceso a esta información.

“La municipalidad en lugar de entregar la información ha decidido casar la sentencia”, explicó Sosa, subrayando que esta actitud refleja una negativa a transparentar las cuentas públicas. Indicó que la falta de transparencia en la información financiera es un intento de mantener el “mito” de la crisis económica y, al mismo tiempo, concentrar el poder de decisión en un círculo reducido.

En este sentido, también destacó la falta de transparencia en la gestión del estacionamiento medido, cuyos ingresos, opinó el referente opositor, no están siendo contabilizados adecuadamente. “Es una estafa para los vecinos, ocultan ingresos y tienen un saldo superavitario”, expresó con firmeza.

Transparencia y control ciudadano

Maximiliano Romero, tribuno de cuentas de Uniendo Villa María, también alzó su voz en contra de lo que considera una grave falta de transparencia en la gestión municipal. “La transparencia pública es el puente que le permite a la sociedad poder crecer”, aseguró.

Romero se ha posicionado como uno de los más críticos en cuanto al manejo financiero del municipio, denunciando discrepancias significativas en los informes presentados por el gobierno local. Según él, entre el balance del sistema y el informe provisorio presentado por la municipalidad existe una diferencia de tres mil millones de pesos, lo que evidencia, en su opinión, una grave falta de rigor en la gestión de los fondos públicos.

El tribuno de cuentas también se refirió a la auditoría en la secretaría de Economía, anunciada por el intendente en diciembre de 2023. El tribuno destacó que hasta el momento no se ha realizado ninguna auditoría transparente, y el proceso se ha limitado a una contratación directa de una empresa privada, sin la participación de organismos independientes como los colegios profesionales o la Universidad Nacional de Villa María (UNVM).

Para Sosa, el problema radica en la concentración de poder en un solo grupo político, lo que ha debilitado el funcionamiento del Concejo Deliberante como órgano de control. En sus palabras, “este Concejo Deliberante no ha aprobado ningún proyecto de ordenanza que no sea de la fuerza oficialista”, lo que demuestra, manifestó el concejal, “una falta de pluralidad y una tendencia hacia un gobierno que se asemeja más a una monarquía que una democracia participativa”.

En este contexto, el edil hizo un llamado a fortalecer las herramientas de control y garantizar que la información pública esté disponible para todos los ciudadanos, para que puedan evaluar la eficiencia de la gestión municipal.