El RIGI dividió a la oposición en el Concejo, y quedó sancionado

Por Felipe Osman

En la sesión de este jueves, el Concejo Deliberante aprobó la adhesión de la ciudad al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, tanto en su versión original, que integra la Ley Bases, como en su variante provincial, aprobada semanas atrás por la Legislatura de Córdoba.

La nueva ordenanza empezó a perfilarse dos meses atrás, con la presentación de Javier Fabre (UCR) y Jessica Rovetto Yapur (Cordobeses por la Libertad) de un proyecto de adhesión lisa y llana al RIGI nacional, para que la Municipalidad se comprometiera, en iguales términos que la nación, al “mantenimiento de las tasas y derechos vigentes al 31 de diciembre de 2023” para las inversiones iguales o superiores a 200 millones de dólares.

Desde ese punto de partida, la oposición entró en conversaciones con el oficialismo, que ya había manifestado extraoficialmente su intención de adherir al RIGI, pero no había presentado un proyecto propio. 

En el marco de la Comisión de Economía, que preside Miriam Aparicio (Hacemos Unidos) y que tiene a Fabre por vicepresidente, oposición y oficialismo convinieron una “compatibilización” de los proyectos que fue incluso previa a la presentación de la iniciativa de Hacemos Unidos.

Es que la intención del oficialismo era alcanzar el mayor grado de consenso posible, mientras la oposición se negaría a validar en el Concejo un régimen similar al aprobado por la Provincia, en el que, además de adherir al régimen nacional, se facultó al gobernador y a los ministros a “incrementar los beneficios previstos” por la Provincia.

Merced a esas tratativas, el oficialismo presentó un proyecto que no incluía una delegación similar en cabeza del intendente, y esto fue lo que allanó el respaldo de ocho de los concejales radicales. Pero no de todos.

En la sesión de ayer, Sergio Piguillem votó en contra, haciendo propios buena parte de los fundamentos manifestados por Martín Lousteau en el Senado, y rechazando la concepción misma del RIGI nacional.

Ahora bien, el voto de Piguillem no fue el único a contrapelo del resto de los radicales. El Frente Cívico también votó en contra. Y la razón es llamativa.

Luis Juez no ha dudado en alinear a su partido detrás de la mayor parte de las iniciativas libertarias, y acompañó desde su banca la sanción del RIGI nacional. Sin embargo, sus concejales eligieron otro camino. Es que, en términos estrictos, lo que la ordenanza sancionada ayer prescribe es la adhesión de la Municipalidad a la Ley Provincial (10.997) que adhiere al RIGI nacional. Es decir, la adhesión al RIGI de Milei está intermediada por la adhesión al RIGI de Llaryora.

Los concejales del Frente Cívico se veían así en la encerrona de votar a favor y contradecir a sus legisladores, que rechazaron el RIGI provincial, o votar en contra y contravenir a Juez, que respaldó al RIGI nacional.

En rigor, se trataba de una cuestión abstracta. Meramente simbólica. Ya que la adhesión al RIGI provincial no implicaba convalidar la delegación de facultades de la Legislatura a Llaryora y sus ministros, por la sencilla razón de que hacerlo está completamente afuera de la competencia de los concejales y no opera ningún efecto práctico.

Aquella delegación, dispuesta por el artículo 3 de la Ley 10.997, no sería más ni menos válida por la adhesión que a ella hiciera el municipio. Por el contrario, la adhesión al RIGI nacional sí opera efectos reales. A saber, extender a la ciudad la invariabilidad de los tributos.

Como saldo de esta historia, el oficialismo amasó un consenso relativamente amplio para la aprobación de la ordenanza que adhiere a los regímenes de incentivo planteados a nivel nacional y provincial y, colateralmente, también consiguió que el radicalismo y el Frente Cívico dividieran, una vez más, su voto. Mientras, el bloque de concejales radicales puede ponerse la cucarda de haber forzado al oficialismo a excluir de la ordenanza una delegación de facultades similar a la que la oposición no pudo impedir en la Legislatura.