Daniele va a una Asamblea General que se hizo esperar sobre el límite de la paciencia de las bases, que ven esfumarse parte del salario por el no pago de las horas módulo y le reclaman haber rechazado de manera inconsulta la última oferta del municipio. El Ejecutivo ajusta la marca sobre los becarios. El gremio se lleva el conflicto a diciembre.
Municipal20 de noviembre de 2024
Felipe Osman
Por Felipe Osman
Rubén Daniele buscará dar hoy una nueva muestra de fuerza en una Asamblea General en las escalinatas del Palacio 6 de Julio, prologada por una serie de movilizaciones que entorpecerán en tránsito en el centro de la ciudad.
Desde adentro del gremio, quienes no suscriben la estrategia del secretario general, creen que esta asamblea debió haber llegado mucho antes. Suspicaces, sospechan que la conducción la postergó con el propósito de dilatar el conflicto. Algo que, en los números, beneficia al Ejecutivo, y perjudica a las bases del sindicato. Ese es el núcleo del asunto.
Después de la audiencia que la comisión paritaria del Suoem y los emisarios del Ejecutivo, liderados por el secretario de Gobierno, Rodrigo Fernández, mantuvieron en el ministerio de Trabajo, las autoridades del sindicato decidieron rechazar la nueva oferta (10 por ciento de reajuste en dos cuotas hasta terminar el año) sin consultar a las bases, y esto no cayó nada bien en las reparticiones.
El mismo jueves por la tarde, el gremio celebró asambleas en todas las oficinas donde revistan empleados de planta, y esas asambleas hicieron escuchar su descontento, al igual que las que tuvieron lugar el viernes.
Es que por cada día que dura el conflicto, en el cual la conducción destaca la importancia de cumplir con un total “quite de colaboración”, una enorme proporción de los municipales pierden las “horas módulo”, un concepto con el cual la gestión de Martín Llaryora sustituyó las horas extra y prolongaciones de jornada en la mayoría de las reparticiones, que en muchos casos llegan a representar más de un 30 por ciento del salario.
En conflictos anteriores, el Ejecutivo no descontaba este concepto incluso entre los empleados que se plegaban a las asambleas y rehusaban cumplir con el horario extendido. Pero de un tiempo a esta parte el Palacio Municipal ha ajustado los controles y ahora sostener el quite de colaboración implica un alto costo para los municipales. Capaz, en el largo plazo, de asfixiar el conflicto.
Por otro lado, sabiendo que el gremio siempre lleva a la mesa paritaria otros asuntos, como el ascenso de becarios y monotributistas a la calidad de contratados, planta transitoria y planta permanente, el Ejecutivo ha decidido ajustar la marca sobre estos agentes que no gozan de estabilidad, pero que son empujados por el gremio hacia la consolidación en los planteles municipales.
Una semana atrás, la secretaría de Capital Humano bajó la orden a toda la planta política del Palacio 6 de Julio para que exijan a los becarios de cada repartición documentación personal, certificados de buena conducta, y certificados de “no inscripción al Registro Provincial de Personas Condenadas por delitos contra la Integridad Sexual”. Y aunque cualquier podría presumir que estos requisitos son exigidos para el ingreso a estos programas, lo cierto es que la actualización de los datos por parte del Ejecutivo también busca mandar un mensaje al gremio, alertando que el tramo de la negociación por el pase a contrato de estos agentes no será sencillo.
El Palacio 6 de Julio busca devolver el golpe que consiguió asestar el propio Daniele al denunciar el crecimiento de la planta política del Ejecutivo, y que, como anticipó Alfil en ediciones anteriores, redundó en una orden impartida por el intendente a todos sus secretarios para reducir en un 30 por ciento los cargos políticos del organigrama municipal.
Ahora la iniciativa vuelve a quedar del lado del sindicato, que promete redoblar las medidas de fuerza. Mientras tanto, desde el gremio dan por descontado que el conflicto cruzará la frontera del 30 de noviembre y se saldará antes de que promedie diciembre, cuando el Ejecutivo busque cerrar el año con reajustes en el gabinete para arrancar un 2025 más asertivo en la gestión, que ayude a Hacemos Unidos a consolidar un piso para el test electoral de las Legislativas.
La oposición salió a exigir al oficialismo que detalle cuál es el tamaño de la planta política y quienes la integran, aprovechando un momento de relativa debilidad de Hacemos Unidos. La entrada en funcionamiento del Ente de Fiscalización y Control vuelve a subir en las prioridades del Ejecutivo.
La audiencia ante las autoridades del Ministerio de Trabajo fracasó. El gremio calificó como “insuficiente y malintencionada” la propuesta del Ejecutivo (5% para noviembre, 5% para diciembre), y avisó que vuelve a la calle.
La detención de tres inspectores municipales vuelve a poner bajo el foco a las Áreas de Fiscalización y Control del Palacio 6 de Julio. El Ente de Fiscalización y Control, acuñado por el oficialismo a principios de año, sigue en stand by.
El Presupuesto 2025 todavía no entro al Concejo, que prorrogó sus sesiones ordinarias hasta fin de año para cumplir con lo dispuesto por la Carta Orgánica. El convenio para la implementación del Sistema de Transporte Metropolitano fue aprobado en comisión, y avanza hacia el recinto.
Todas las secretarías recibieron la orden de depurar sus planteles reduciendo los cargos políticos antes de que termine el año. El intendente retoma el libreto de Llaryora y acusa recibo de los señalamientos del gremio y la oposición.
Trabajo ordenó al gremio suspender las protestas y convocó a las partes a continuar las negociaciones bajo la tutela del ministerio. Daniele acató la orden, pero cuestionó sus fundamentos y volvió a cargar contra el Ejecutivo por el tamaño de la planta política.
Daniele va a una Asamblea General que se hizo esperar sobre el límite de la paciencia de las bases, que ven esfumarse parte del salario por el no pago de las horas módulo y le reclaman haber rechazado de manera inconsulta la última oferta del municipio. El Ejecutivo ajusta la marca sobre los becarios. El gremio se lleva el conflicto a diciembre.
El pacto de no agresión se cumple a rajatabla, aunque por lo bajo hay distintos pases de facturas entre los referentes de La Libertad Avanza en Córdoba. Así, mientras en Casa Rosada buscan administrar esas tensiones, los cordobeses cierran filas en contra de Juez y De Loredo, Spaccessi inaugura casa propia y algunos piden dardos libertarios contra Passerini.
