A diciembre: El reclamo tensiona al Suoem; el Ejecutivo ajusta la marca

Por Felipe Osman

Rubén Daniele buscará dar hoy una nueva muestra de fuerza en una Asamblea General en las escalinatas del Palacio 6 de Julio, prologada por una serie de movilizaciones que entorpecerán en tránsito en el centro de la ciudad.

Desde adentro del gremio, quienes no suscriben la estrategia del secretario general, creen que esta asamblea debió haber llegado mucho antes. Suspicaces, sospechan que la conducción la postergó con el propósito de dilatar el conflicto. Algo que, en los números, beneficia al Ejecutivo, y perjudica a las bases del sindicato. Ese es el núcleo del asunto.

Después de la audiencia que la comisión paritaria del Suoem y los emisarios del Ejecutivo, liderados por el secretario de Gobierno, Rodrigo Fernández, mantuvieron en el ministerio de Trabajo, las autoridades del sindicato decidieron rechazar la nueva oferta (10 por ciento de reajuste en dos cuotas hasta terminar el año) sin consultar a las bases, y esto no cayó nada bien en las reparticiones.

El mismo jueves por la tarde, el gremio celebró asambleas en todas las oficinas donde revistan empleados de planta, y esas asambleas hicieron escuchar su descontento, al igual que las que tuvieron lugar el viernes.

Es que por cada día que dura el conflicto, en el cual la conducción destaca la importancia de cumplir con un total “quite de colaboración”, una enorme proporción de los municipales pierden las “horas módulo”, un concepto con el cual la gestión de Martín Llaryora sustituyó las horas extra y prolongaciones de jornada en la mayoría de las reparticiones, que en muchos casos llegan a representar más de un 30 por ciento del salario.

En conflictos anteriores, el Ejecutivo no descontaba este concepto incluso entre los empleados que se plegaban a las asambleas y rehusaban cumplir con el horario extendido. Pero de un tiempo a esta parte el Palacio Municipal ha ajustado los controles y ahora sostener el quite de colaboración implica un alto costo para los municipales. Capaz, en el largo plazo, de asfixiar el conflicto.

Por otro lado, sabiendo que el gremio siempre lleva a la mesa paritaria otros asuntos, como el ascenso de becarios y monotributistas a la calidad de contratados, planta transitoria y planta permanente, el Ejecutivo ha decidido ajustar la marca sobre estos agentes que no gozan de estabilidad, pero que son empujados por el gremio hacia la consolidación en los planteles municipales. 

Una semana atrás, la secretaría de Capital Humano bajó la orden a toda la planta política del Palacio 6 de Julio para que exijan a los becarios de cada repartición documentación personal, certificados de buena conducta, y certificados de “no inscripción al Registro Provincial de Personas Condenadas por delitos contra la Integridad Sexual”. Y aunque cualquier podría presumir que estos requisitos son exigidos para el ingreso a estos programas, lo cierto es que la actualización de los datos por parte del Ejecutivo también busca mandar un mensaje al gremio, alertando que el tramo de la negociación por el pase a contrato de estos agentes no será sencillo.

El Palacio 6 de Julio busca devolver el golpe que consiguió asestar el propio Daniele al denunciar el crecimiento de la planta política del Ejecutivo, y que, como anticipó Alfil en ediciones anteriores, redundó en una orden impartida por el intendente a todos sus secretarios para reducir en un 30 por ciento los cargos políticos del organigrama municipal.

Ahora la iniciativa vuelve a quedar del lado del sindicato, que promete redoblar las medidas de fuerza. Mientras tanto, desde el gremio dan por descontado que el conflicto cruzará la frontera del 30 de noviembre y se saldará antes de que promedie diciembre, cuando el Ejecutivo busque cerrar el año con reajustes en el gabinete para arrancar un 2025 más asertivo en la gestión, que ayude a Hacemos Unidos a consolidar un piso para el test electoral de las Legislativas.