Tres detenciones aumentan la presión sobre las Áreas de Fiscalización

Por Felipe Osman

“Con los delincuentes, tolerancia cero. Si los delincuentes se disfrazan de empleados municipales, o empleados municipales comenten un delito, o funcionarios, claramente nosotros vamos a actuar con todo el peso de la ley”.

Con esas palabras respondía el intendente a las preguntas de la prensa para conocer qué consecuencias habría para los tres agentes municipales que fueron detenidos ayer, en lo que se comunicó como una derivación secundaria de la “Causa Bomberos”, que también se encuentra bajo la competencia del fiscal Guillermo González. 

En cualquier caso, y por fuera de lo que consta en los expedientes resguardados bajo secreto sumario, la denuncia por el accionar de los tres detenidos ya se había vuelto pública, y había repercutido en las redes sociales a partir de un video subido por la cuenta de YouTube “Unión Libertaria Argentina 2”, en donde se publicaron los audios que habrían intercambiado los inspectores municipales detenidos con los manteros a los que extorsionaban a cambio de “protección”; léase, de dejarlos vender su mercadería en la vía pública.

Quienes conocen sobre el funcionamiento de las Áreas de Fiscalización juran que el episodio que se atribuye a estos tres detenidos -Mónica Silva, Diego Silva, y Luis Ponce- tiene una gravedad que tiende a cero si se la compara con otros manejos que circundan a las que sean, quizá, las áreas más sensibles de cualquier gestión: Habilitación de Negocios y Espectáculos Públicos. Además de una innovación del actual organigrama, la Dirección de Autorización de Módulos, es decir, una repartición cuyo propósito específico es autorizar el funcionamiento de los carros de comida o foodtrucks, un negocio cuya escala sorprendería, de conocerse, y que lejos de representar una salida económica secundaria se encuentra cartelizado en Córdoba.

Nota al margen: atiéndase, sino, a la denuncia televisiva que semanas atrás realizó Aldo “Lagarto” Guizzardi en su programa, al hablar de las habilitaciones, clausuras y pedidos de coimas que se reclamarían a los propietarios de estos carros de comida para funcionar.

No cuesta demasiado advertir que, por la escala de los negocios cuya fiscalización descansa bajo su competencia, Espectáculos Públicos y Habilitación de Negocios son, en realidad, las áreas a las que mayor atención cabe prestar.

De hecho, Habilitación de Negocios es el área aludida en la causa por los certificados “truchos” de Bomberos.

Ahora bien, la gestión iniciada por Daniel Passerini el 10 de diciembre del año pasado tuvo, entre sus primeras iniciativas, la constitución de un Ente de Fiscalización y Control que funcionaría, para el oficialismo, como una herramienta capaz de blindar y transparentar los procesos de control, y a la que parte de la oposición achacó se un instrumento pergeñado para desconectar la responsabilidad política de la estructura orgánica del municipio.

En cualquier caso, a nueve meses de su trabajosa creación, el Ente de Fiscalización y Control no ha entrado en funcionamiento. A pesar de que para Hacemos Unidos representó un esfuerzo mayúsculo, ya que el proyecto debió volver dos veces a comisión antes de encontrar el respaldo de dos tercios que la Carta Orgánica exige para la creación de entes autárquicos. Y a pesar, también, de haberse agotado ya el plazo de 180 días que la ordenanza establecía para su implementación.

A semanas de cerrar el primer año de gestión, se agolpan versiones de que el primer aniversario podría llegar con cambio de nombres en algunas secretarías e, incluso, con modificaciones en la propia estructura orgánica de la Municipalidad, con el propósito de reducir la planta política para generar, a la vez, ahorro, y una señal de austeridad en tiempos en los que los costos de la política están bajo la lupa, al punto de que el mismísimo Suoem los utiliza para presionar al Ejecutivo en el marco de la aún no resuelta paritaria municipal.