Tras la primera audiencia con la entidad bancaria y la Cámara Federal de Córdoba, el intendente Guillermo De Rivas planteó que los jueces deberán analizar “si se aumentan las ganancias del sector financiero o se priorizan los servicios y la asistencia del Municipio”. La audiencia pasó a un cuarto intermedio para el 20 de mayo.
Río Cuarto28 de abril de 2025
Julieta Fernandez
Por Julieta Fernández
“Que los jueces evalúen el enorme impacto que esto generaría para Río Cuarto porque vamos a seguir defendiendo a la ciudad”, dijo el intendente Guillermo De Rivas tras la primera audiencia de conciliación en la Cámara Federal de Córdoba por el planteo judicial del Banco Nación. Como ya lo han reclamado en otros municipios, la entidad bancaria busca que se suspenda el cobro de la tasa de Comercio e Industria por parte del gobierno local. La Municipalidad de Río Cuarto ha advertido que se podrían perder más de $1100 mensuales e incluso alertan por la posibilidad de que se resientan servicios o prestaciones si se deja de percibir este ingreso.
Esta situación judicial, que podría implicar varias audiencias hasta alcanzar un acuerdo, presenta algunas coincidencias con el reclamo que lleva adelante el gobernador Martín Llaryora ante la Corte Suprema de Justicia por los fondos adeudados a la Caja de Jubilaciones. Aunque con un discurso un poco más “moderado” respecto del gobierno de Javier Milei, De Rivas aseguró que el Municipio está cubriendo algunos frentes que le corresponderían al gobierno nacional y que lo recaudado en concepto de Comercio e Industria es uno de los ingresos más importantes del Estado local.
“Si hoy el Banco Nación en Río Cuarto tiene las ganancias que tiene y es una de las sucursales con mayor rentabilidad del interior del país, no puede pretender no colaborar con la ciudad y las oportunidades que genera. De esta manera se financian las luces LED, la promoción industrial, se ayuda a sostener el transporte público, se financia lo que el Estado Nacional dejó de hacer como el mantenimiento de las rutas, la asistencia a personas con discapacidad, la contención social”, dijo el mandatario local al programa radial Nada Fake. De Rivas agregó que hace más de dos décadas que esta tasa es abonada por cada banco y comercio de la ciudad y “es la base del ingreso más importante que tiene la Municipalidad”.
El argumento principal del intendente ante la Justicia Federal fue que el gobierno local ahora abarca mayores responsabilidades como la seguridad, acompañamiento en el tratamiento de adicciones, asistencia social y la prestación de servicios esenciales. De Rivas remarcó que, en lo que refiere a Comercio e Industria, los bancos aportan tres veces el valor del impuesto Inmobiliario y que eso permitiría dimensionar la implicancia de la posible pérdida de este ingreso si se diera lugar al pedido de la entidad bancaria.
El fiscal municipal, Ricardo Muñoz, manifestó a Alfil que el próximo 20 de mayo continuaría la audiencia ante la respectiva cámara pero que no se trata de un plazo perentorio. Señaló que la Municipalidad está abierta a negociar un acuerdo que no comprometa los recursos municipales. “Es factible lograr un acuerdo porque contamos con argumentos institucionales y políticos que así lo demuestran. Es largo el camino a desandar pero vemos que en un contexto donde disminuye la recaudación, todavía hay impacto inflacionario y la Municipalidad se ha hecho responsable de garantizar cada vez más servicios, es factible alcanzar un buen acuerdo”, consideró.
El bloque Primero Río Cuarto se solidarizó con los sectores que protestan por las medidas del Gobierno nacional en torno a la discapacidad. Semanas atrás, el juecista Benítez se había inmolado políticamente en defensa de las auditorías impulsadas por Javier Milei. ¿Reacción genuina o de una pose estratégica?
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