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La Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) presentó contra la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) por presuntas infracciones y delitos vinculados a la seguridad operacional del sistema de navegación aérea.
Nacional18 de diciembre de 2025
Redacción Alfil
Este jueves, el Gobierno Nacional, a través de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), presentó este 18 de diciembre de 2025 una denuncia penal contra la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA).
La denuncia fue presentada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 3, a cargo del juez Daniel Eduardo Rafecas. El documento presentado alega que el gremio fue responsable de comprometer la seguridad de las operaciones aéreas y la integridad de alrededor de 24.000 pasajeros y tripulaciones durante las medidas de fuerza en aeropuertos clave como Aeroparque y Ezeiza.
La empresa estatal argumenta que estos elementos distractores y obstructivos dificultan la visión y la concentración necesaria para las tareas de guía y seguridad que realizan los operadores en las terminales aéreas más transitadas del país.
Se incluyó en la denuncia el peligro que supuso la colocación de una bandera en el exterior de una torre de control, la cual podría haberse desprendido y causado un accidente operativo. En ese sentido, EANA sostiene que el derecho a la protesta no puede vulnerar la seguridad de la navegación aérea y que la denuncia busca proteger la operatividad y la vida de los ciudadanos.
Por su parte, Aerolíneas Argentinas proyecta que tan solo en la jornada de hoy se verán afectados más de 60 servicios, mientras que la empresa Flybondi ha tenido que realizar ajustes preventivos en su programación para mitigar el impacto en sus clientes.
El sindicato ha ratificado la continuidad del plan de lucha para los días 23, 27 y 29 de diciembre, afectando tanto vuelos domésticos como rutas internacionales en horarios pico de la temporada estival.
ATEPSA defiende la legitimidad de sus acciones, fundamentando el conflicto en la ruptura de los canales de diálogo, el incumplimiento del Convenio Colectivo de Trabajo, los despidos recientes y la erosión del poder adquisitivo del sector.

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