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En una carrera meteórica, el flamante diputado nacional Gonzalo Roca asumió ayer como miembro del Consejo de la Magistratura, como representante del oficialismo en la cámara baja y en el marco de la decisión de Karina Milei de poner un pie en la rosca judicial.Informante: Estuvieron en la jura los diputados Gabriel Bornoroni, karinista y mentor de Roca, y Laura Rodriguez Machado, acompañando el acontecimiento en la Corte Suprema de Justicia. También estuvo Luis Juez, el otro cordobés libertario en el Consejo.
Alfil: Mesa política libertaria de Córdoba.
Informante: Tal cual. Roca juró ante Rosatti, el titular de la Corte Suprema y presidente del Consejo de la Magistratura. Pero estaban los otros dos supremos
Alfil: Un caso de movilidad política ascendente.
Mientras la Legislatura finalizaba la larga sesión del miércoles, el gobernador se despertaba para ir a Pocho, lejos del clima politico.
Informante: Martín Llaryora encabezó la inauguración del nuevo edificio y el albergue del IPEM N° 384 “Profesora Dora Analía Clavero” Anexo Las Palmas, ubicado en dicha localidad, perteneciente al departamento Pocho, a 224 kilómetros de la ciudad de Córdoba. La intervención demandó una inversión de $2.079 millones, y las obras fueron proyectadas e inspeccionadas por la Dirección de Infraestructura y Equipamiento, con el objetivo de mejorar las condiciones edilicias y fortalecer la educación secundaria en zonas rurales.
Alfil: Una escapada en medio de la tensión: el día anterior fue muy complicado y con costos políticos para el gobierno.
Informante: Llaryora destacó el compromiso de la comunidad educativa y subrayó que “estas escuelas tienen un corazón especial. Muchos chicos no vuelven todos los días a su casa, se quedan acá, necesitan mucha contención, y los docentes terminan siendo una segunda familia por el cariño, el tiempo y el acompañamiento”.
Informante: ¿Vio lo que pasó en la audiencia pública del Concejo Deliberante de Villa María? Un papelón institucional.
Periodista: Me contaron que hubo un cruce fuerte, pero no tengo los detalles.
I: Fue en la audiencia pública para tratar el Presupuesto 2026 del Ente de Movilidad Urbana (ENDEMUR). Alejandro López, excandidato a intendente por el partido Encuentro Vecinal Córdoba (EVC), estaba exponiendo y empezó a cuestionar el nuevo organismo municipal. Le puso “agujero negro” y pidió rebautizarlo como “andamur”. Juan Pablo Inglese, el presidente del Concejo, lo frenó en seco: “Es una falta de respeto. Si encuentra algo ilegal, vaya a la Justicia”.
P: ¿Y ahí quedó?
I: No, no. López terminó de hablar, bajó del micrófono y se fue directo al estrado. Le pidió a Inglese que cortara el audio. Inglese, obviamente, se negó. Estaban en medio de una audiencia pública.
P: ¿Y cómo terminó?
I: Con tensión. “No me vengas a amenazar ni amedrentar, es una situación violenta”, le respondió el presidente del cuerpo legislativo mientras el resto de los concejales miraban atónitos.
P: Imagino que después hubo repudio.
I: Obvio. En la sesión siguiente, la concejal del oficialismo Yaslil Oses fue contundente: “Este accionar generó una situación de tensión y violencia institucional”. Y en la misma línea el concejal del bloque Juntos por el Cambio Felipe Botta se sumó al reclamo.
En Villa María, cuando bajan al estrado, el debate político se pone picante.

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Gonzalo Roca

Patricia Botta

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El gobernador Martín Llaryora encontró la oportunidad para aplicar un ajuste previsional, mientras promete el 82% para más de la mitad de las jubilaciones. Cómo lo justifica: 1- la culpa es del gobierno de Javier Milei que no envía los fondos; 2- El sector privado no tiene por qué financiar el rojo previsional.

Con un fuerte rechazo gremial, críticas de la oposición y un despacho final que se conoció cuando la sesión había iniciado, el oficialismo aceleró el debate y logró aprobar la declaración de emergencia previsional que redefine los aportes de los activos a la Caja, bajo el argumento de dar viabilidad a la Iniciativa Popular impulsada por jubilados autoconvocados.

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Desde el Tribunal de Cuentas que maneja el Frente Cívico aseguraron que el gobierno computa como rojo lo que son intereses por las transferencias del estado provincial al sistema previsional. Juez, en la línea de que todo es responsabilidad del PJ.