Seguridad: el Mójica cerró un año de desafíos con balance “favorable”

Por Gabriel Marclé

En los últimos días del año, la Municipalidad de Río Cuarto atraviesa la habitual instancia de balances, donde los resultados permiten medir tanto el desempeño de 2025 como el punto de partida para las decisiones que comenzarán a ejecutarse desde el 1° de enero. En esa lógica, y luego de haber hecho lo propio con el Observatorio de Gestión, el gobierno de Guillermo De Rivas reunió a otra de las estructuras creadas durante su año y medio de mandato: la Mesa de Seguridad, el espacio que nuclea a fuerzas de seguridad, Justicia, instituciones y referentes de la oposición para trabajar en diagnóstico, planificación y seguimiento de políticas públicas vinculadas a la inseguridad.

Tras la última reunión del año, realizada en el Salón Blanco del Palacio Municipal, Alfil consultó a fuentes del Ejecutivo sobre el balance real de las políticas de prevención y seguridad. Desde el oficialismo destacaron distintas acciones desplegadas en un año que comenzó de manera turbulenta, atravesado por una seguidilla de hechos delictivos que derivaron en protestas vecinales y tensión política. La consolidación de la Guardia Local, la expansión del programa Ojos en Alerta y el trabajo legislativo conjunto con la oposición aparecen como los principales argumentos del derrivismo para calificar el período como “favorable”. “Cuando se puso difícil, supimos actuar”, resumían desde el entorno del intendente.

El origen de la Mesa de Seguridad está directamente ligado a uno de los momentos más críticos de la gestión. Hace casi un año, en pleno pico de robos y hechos violentos, miles de vecinos se movilizaron en reiteradas ocasiones para reclamar respuestas concretas. En ese contexto, sectores del radicalismo, el juecismo y algunos referentes de La Libertad Avanza tuvieron un rol protagónico en la amplificación del clima de crisis, con manifestaciones que incluso incluyeron pedidos de renuncia al jefe municipal.

Superado ese episodio, y tras la llegada de refuerzos policiales, móviles y cambios de mando dispuestos por la Provincia, De Rivas transmitió a su equipo la necesidad de avanzar sin revanchismos y de transformar el conflicto en una instancia institucional. Así tomó cuerpo una iniciativa impulsada desde el bloque Primero Río Cuarto, a partir de un proyecto presentado por Gabriel Abrile, que derivó en la conformación de un ámbito de trabajo común entre oficialismo, oposición y actores del sistema de seguridad.

La primera reunión se realizó en marzo y, un mes más tarde, el Concejo Deliberante institucionalizó el espacio con el objetivo de que “trascienda las gestiones y se convierta en una política de Estado”. Más allá de los resultados operativos —como la capacitación de las Guardias Locales o la ampliación del alcance de Ojos en Alerta—, en el Mójica consideran que haber logrado contener la crisis inicial y reencauzar el vínculo con la oposición constituye uno de los principales activos políticos del año.

Otro de los ejes que el Ejecutivo incorpora al balance “favorable” tiene que ver con la agenda preventiva y, en particular, con la regulación de los cuidacoches. La discusión sobre los “trapitos” —o “naranjitas”, en Córdoba capital— derivó en una ordenanza con restricciones que comenzó a aplicarse a mediados de año y que, según el Gobierno, mostró resultados positivos. En ese sentido, Río Cuarto aparece como un antecedente de una discusión que hoy gana centralidad en la agenda provincial.

Ahora, con el inicio de la temporada estival y la puesta en marcha del Operativo Verano, la gestión De Rivas estará nuevamente frente a una prueba exigente para el esquema de prevención municipal. El desafío será comprobar si las lecciones del pasado reciente lograron traducirse en mayor capacidad de respuesta frente al incremento de delitos que suele registrarse durante los meses de verano.

En paralelo, el gobernador Martín Llaryora dispuso nuevos cambios en la cúpula de las fuerzas provinciales, con la designación del comisario general Marcelo Marín como nuevo jefe de la Policía de Córdoba. En Río Cuarto siguen de cerca el impacto que este movimiento podría tener en la estructura policial del sur provincial. 

El último reordenamiento se produjo en marzo, cuando la Provincia intervino de manera directa para descomprimir la crisis de inseguridad. Desde entonces, la Departamental Río Cuarto está a cargo del comisario mayor Maximiliano Funes, aunque el reciente recambio en la conducción provincial abre la posibilidad de un nuevo enroque de nombres también en la capital alterna. De suceder, algo que no ha sido confirmado desde Capital, seguramente tendrá efecto en el esquema preventivo de la gestión De Rivas.