El Mójica ordena recursos, pero aleja el fantasma de los despidos

Por Gabriel Marclé

Para Guillermo De Rivas, el reordenamiento de recursos que impulsa el gobierno municipal es una de las condiciones necesarias para recuperar el equilibrio fiscal, aunque la prioridad marcada por el intendente pasa por sostener la asistencia en áreas sensibles. En ese marco, la misión de construir un Estado más eficiente también avanza sobre políticas vinculadas a la salud y la educación. Allí aparece el caso de los jardines maternales, uno de los ejemplos que expuso a la gestión a una serie de cuestionamientos.

A fines del año pasado, cuando desde el propio Ejecutivo se anticipó la necesidad de reestructurar algunos espacios, se encendieron alertas políticas y sindicales ante la posibilidad de cambios en el esquema de funcionamiento de los jardines. La oposición leyó ese anuncio como la antesala de cierres y reducción de personal, una interpretación delicada para el inicio de año y en un contexto de crisis economía, pero que desde el Palacio de Mójica se encargaron de desactivar con el paso de las semanas.

En una primera instancia, desde la Municipalidad aseguraron que el funcionamiento de los jardines maternales y de las Salas Cuna estaba garantizado tanto para el ciclo lectivo en curso como para 2026. Sin embargo, la aclaración no logró frenar la escalada opositora, que redobló la apuesta al hablar de contratos cesanteados en el marco del reordenamiento. La respuesta oficial llegó ahora con una definición más precisa: el proceso no implicará despidos.

Así lo afirmó la secretaria de Desarrollo Humano, Georgina Loser, quien explicó que el esquema de personal se mantendrá intacto, aun cuando se avance en una refuncionalización de salas según la demanda real. Según detalló en declaraciones a LV16, el municipio viene trabajando con las presidentas de las cooperativas que administran los jardines en mesas de diálogo, mientras se aguarda la reapertura de inscripciones en febrero para contar con un número definitivo de niños y niñas que asistirán a cada espacio.

Loser señaló que la baja en la natalidad y la universalización de la sala de tres años impactaron directamente en la matrícula, un fenómeno que atraviesa tanto a los jardines municipales como a los privados. En ese contexto, explicó que el objetivo es adaptar la oferta educativa a la demanda concreta de cada barrio, lo que puede implicar la apertura o el cierre de salas en distintos puntos de la ciudad, sin afectar la continuidad laboral de las trabajadoras. 

“La cantidad de contratadas se mantiene; no se deja a nadie sin su lugar”, sostuvo la funcionaria. Las aclaraciones llegan para apaciguar las versiones de despidos en un contexto de tensión con el Sindicato de Trabajadores Municipales, donde ya venían advirtiendo por posibles cesanteos.

Desde el Ejecutivo insisten en que el reordenamiento no responde a un ajuste lineal, sino a una redistribución de recursos en función de la realidad territorial. Un barrio que el año pasado registró baja asistencia puede mostrar este año un incremento, y viceversa. La decisión final se tomará una vez cerrado el proceso de inscripción, cuando el municipio tenga un mapa completo de la demanda prevista para 2026.

El mensaje encontró eco en actores del entramado barrial. Desde el Círculo Vecinal, su presidente Hugo Díaz reconoció que existe la posibilidad de que algunos jardines no completen cupos, pero avaló la estrategia municipal de relocalizar recursos antes que sostener estructuras vacías. “Puede haber guarderías que hoy no tengan chicos y está bien que se analice por qué sucede y cómo reorganizar”, expresó.

Servicios vecinales

La lógica del ordenamiento también atraviesa el vínculo entre el municipio y las vecinales en otros frentes. Uno de los casos paradigmáticos es el del desmalezado, un servicio central que las instituciones barriales prestan con fondos municipales. Según Díaz, en los últimos días se avanzó en la firma de contratos correspondientes a los últimos tres meses, con incrementos que oscilan entre el 10 y el 12 por ciento.

El dirigente aclaró que, si bien el aumento alcanza para cubrir costos operativos, se ubica por debajo de las expectativas de las vecinales y deja márgenes prácticamente nulos de excedente. Esa situación genera tensiones hacia adentro del sistema, al punto de que algunas instituciones aún evalúan si firmar o no los acuerdos. 

El escenario vuelve a exponer el delicado equilibrio entre ordenar recursos y sostener servicios esenciales en un contexto de restricciones, pero desde el Gobierno expresaron su confianza en el sostenimiento de un buen vínculo con las instituciones vecinales, resaltando que durante la gestión De Rivas se avanzó en la normalización jurídica de asociaciones que se encontraban en una situación irregular: desde el oficialismo aseguran que las acciones de esta gestión ya marcaron un cambio de era en la actividad vecinalista.