Gabriel Marclé
Mientras la Sociedad Rural de Río Cuarto consolida la obra pública como su principal frente de presión sobre el Gobierno de Martín Llaryora, un nuevo reclamo viene a engrosar esa agenda: productores y vecinos de Villa Valeria exigen la pavimentación de unos 35 kilómetros de la Ruta Provincial 27 que conectan esa localidad con el límite con San Luis, un tramo de tierra que lleva décadas esperando asfalto.
Los productores que impulsan el reclamo relataron que la problemática comenzó a tomar mayor visibilidad en 2018 tras un accidente en ese tramo, aunque los siniestros son frecuentes. Según explican, la ruta aparece en los mapas como alternativa provincial —incluso en aplicaciones de navegación— pero en la práctica es un camino de guadal que se vuelve intransitable con las lluvias y entierra vehículos en época de sequía. “Quienes necesitan llegar a Río Cuarto deben hacer rodeos de hasta 210 kilómetros”, afirman.
El caso no es aislado. La Rural riocuartense ya presentó a fines de 2025 un documento ante los bloques de la Legislatura provincial exigiendo la pavimentación del tramo Las Acequias-Adelia María en la Ruta 10, con financiamiento público de Vialidad Provincial y no a costa de los frentistas. El mismo argumento que ahora traen los vecinos de Villa Valeria: otras rutas y otros tramos tuvieron fondos del Estado, ¿por qué no estos?
La señal de que el reclamo encuentra eco institucional llegó esta semana: los productores de Villa Valeria se reunieron con el presidente de la Sociedad Rural, Heraldo Moyetta, quien mostró predisposición para tomar el tema y hacer llegar el reclamo a las altas esferas provinciales. No es un detalle menor, ya que la Rural viene siendo protagonista de los momentos más tensos entre el Gobierno de Martín Llaryora y los productores del interior, algo que incluso trasciende el reclamo por Ingresos Brutos y la renta del sector.
Antecedentes
El reclamo de Villa Valeria no llega en el vacío. La Sociedad Rural de Río Cuarto viene acumulando presión sobre el Gobierno provincial en materia vial desde el cierre de 2025. En noviembre de ese año, la entidad presidida por Heraldo Moyetta presentó un documento ante los bloques de la Legislatura provincial para exigir la pavimentación del tramo que une Las Acequias y Adelia María sobre la Ruta 10, una deuda de larga data para el sur cordobés. El pedido apuntaba no solo a mejorar la conectividad, sino también a que la Provincia financie la obra con fondos públicos, tal como ocurrió en otros tramos de la misma ruta y en la Ruta 11, en contraste con el esquema de contribución por mejoras que traslada el costo a los frentistas y que generó malestar en las comunidades afectadas.
En paralelo, la Rural solicitó una audiencia con el ministro de Infraestructura, Fabián López, junto a intendentes y representantes vecinales, y pidió que se retomara el proyecto legislativo impulsado en 2023 por el entonces legislador Juan Jure. La demanda incluía que la obra figurara en el Presupuesto 2026 con financiamiento de Vialidad Provincial. Según señalaron desde la entidad, el bloque oficialista provincial evitó participar de las reuniones convocadas y los representantes del Consorcio Caminero Único tampoco asistieron, lo que llevó a la Rural a escalar el reclamo directamente ante la Legislatura.
Ya en 2026, la obra pública rural se instaló como el primer gran tema del vínculo entre la Rural y el Panal. Durante la visita del ministro de Bioagroindustria, Sergio Busso, a la sede de la entidad en enero, la Comisión Directiva planteó la necesidad de que la infraestructura vial deje de gestionarse de manera reactiva y pase a planificarse con criterios definidos. El reclamo excedió lo estrictamente productivo: el estado de los caminos rurales, señalaron, condiciona también el acceso a la salud, la educación y la vida cotidiana de las familias del interior.
La pavimentación del tramo de la Ruta 27 se suma así a una agenda de reclamos que crece en el sur cordobés y que, de a poco, va perfilando uno de los principales ejes de conflicto entre el campo y el Gobierno provincial para lo que resta del mandato. Es algo que golpea donde más duele: pese a haber sido el Gobierno provincial que más invirtió en obra pública durante 2025, todavía le aparecen demandas que hacen ruido en un sector ruralista al que necesitan de aliado de cara a la reelección
En su octavo aniversario, avanzan en un plan de gestión del corredor del Chocancharava
Autoridades provinciales, municipales, representantes académicos y organizaciones ambientales del Gran Río Cuarto participaron este jueves de un Taller de Validación de Estrategias y Zonificación del Plan de Gestión de la Reserva Provincial de Uso Múltiple Corredor del Chocancharava. La actividad se desarrolló en el Centro Cívico de la capital alterna, a pocos días de cumplirse el octavo aniversario de la sanción de la ley provincial que creó este espacio protegido.
La reserva constituye uno de los ambientes naturales más relevantes del Gran Río Cuarto. Con una superficie de 236 hectáreas, se extiende a lo largo de la ribera del río Cuarto y cumple una función clave como pulmón verde y corredor biológico, permitiendo la preservación de la flora y fauna nativa del ecosistema del espinal.
El área protegida conecta distintos espacios naturales del territorio, en particular la Reserva Natural Urbana Bosque Autóctono El Espinal con el puente Antártida Argentina, configurando un corredor ambiental que contribuye a la conservación de la biodiversidad y al equilibrio del entorno natural.
La reserva fue creada por ley el 14 de marzo de 2018 a partir de un proceso de articulación institucional que involucró a más de treinta organizaciones. Entre los actores que impulsaron la iniciativa se encuentran el Gobierno de Córdoba, los municipios de Río Cuarto y Las Higueras, la Universidad Nacional de Río Cuarto y diversas instituciones vinculadas al cuidado del ambiente.
Durante el encuentro, el subsecretario de Áreas Protegidas de la Provincia, Martín Guzmán, explicó que la jornada tuvo como objetivo avanzar en la definición de un plan de gestión con horizonte de cinco años y consensuar cómo se desarrollarán las distintas actividades dentro de la reserva, incluyendo el turismo, la producción y el avistaje de aves.
Por su parte, la subsecretaria de Ambiente de la Municipalidad de Río Cuarto, Evelyn López, remarcó el carácter participativo de la instancia de trabajo, que reúne a organismos públicos, instituciones académicas y actores sociales para definir el uso y la planificación del área protegida.
