Bettina Marengo
Por Bettina Marengo
Sin apoyo de los principales bloques opositores, el oficialismo aprobó en la Legislatura la ley de emergencia penitenciaria que se extenderá por tres años, en adhesión a la misma medida que rige a nivel nacional y que fue impulsada por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.
Hacemos Unidos por Córdoba no ocultó la urgencia frente al problema de la superpoblación carcelaria que preocupa al propio gobernador Martín Llaryora, que lo sigue de muy cerca. El miércoles pasado el presidente del bloque oficialista, Miguel Siciliano, presentó el proyecto con la idea de sacarlo sobre tablas, pero al no obtener apoyo, el jueves hubo dictamen de comisión. El legislador reprochó a la UCR y al juecismo de tener un “doble estándar” donde acompañan a Bullrich en el Congreso de la Nación pero no las mismas medidas en Cordoba. Con traje de candidato, Rodrigo de Loredo, diputado nacional, argumentó desde sus redes sociales el voto de los radicales del bloque provincial. Dijo que Llaryora se cuelga de “las medallas que tiene Bullrich” en este tema, pero que en esta provincia y con la “corrupción” del Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC), la emergencia solo servirá para gastar plata sin control y poner a políticos en cargos donde tiene que haber técnicos. El jefe del bloque radical en la Cámara de Diputados de la Nación aludió al artículo 2 de la nueva ley, que suspende el cumplimiento de los requisitos de grados policiales para designar funcionarios debajo del director del Servicio.
En los principales despachos del gobierno provincial se manejan números de alerta respecto a la superpoblación carcelaria en un sistema que hoy cobija, según datos oficiales, a 16.206 presos contando los federales, contra 6.844 de hace diez años atrás. Ni por asomo la capacidad de los penales aumentó en la misma proporción. El tema se va a agravar este año, explicó la Provincia en los fundamentos del proyecto. En el transcurso de este año hubo 1022 alojados nuevos y se proyecta que para fin de año el incremento sea de un 28% respecto al año anterior. En febrero hubo un amparo judicial colectivo por reclamos de hacinamiento en la cárcel más grande de Córdoba, el penal de Bouwer, con duros cuestionamientos de la jueza María Celeste Orta Córdoba.
El oficialismo ensaya respuestas mientras anuncia una nueva cárcel de alta seguridad para mil presos de “alto perfil” y un nuevo edificio para aprehendidos, pero avisa que no va a cambiar la política bullrichista de mano dura que el Panal adoptó como respuesta al reclamo de seguridad que marcan las encuestas. Está en disputa el voto de derecha con los libertarios en octubre y en 2027, cuando Llaryora busque reelegir frente a candidatos filo libertarios, ya sea Luis Juez, De Loredo o un violeta puro. Más prisiones preventivas, menos excarcelaciones, detenciones por reincidencia y reiterancia vienen de la mano del aumento de hechos de delincuencia que la Provincia asocia a la crisis económica y a la precarización de los ingresos. En la Municipalidad capitalina, desde el área social aseguran que no hay un solo dato que indique menor demanda de ayuda del Estado a partir de la baja de la pobreza que marcó el Indec en el segundo semestre del 2024. El factor económico, dicen los llaryoristas, queda demostrado con el aumento de detenciones de personas que delinquen por primera vez. De los 1200 detenidos del primer trimestre mencionado arriba, casi la mitad fueron debutantes. Igual, “el que las hace las paga”, razonan en la Provincia, mientras hacen cálculos. Algunas fuentes del gobierno estiman que cada preso cuesta unos 35 mil pesos diarios, contra los 22 dólares por día que saldría una tobillera electrónica para presos que no presenten riesgos. Los artículos 4 y 5 de la nueva ley faculta a la autoridad de aplicación, el Ministerio de Justicia a cargo de Julián López, a disponer “de todas las acciones necesarias para solucionar situaciones extraordinarias o urgentes que requieran el auxilio o intervención del Estado Provincial” y a “realizar los ajustes presupuestarios que se requieran”. El texto aprobado también insta a los legisladores nacionales por Córdoba a que gestionen ante Nación la creación de una cárcel federal, como existen en otras provincias.
Con la seguridad y el sistema carcelario en tensión aparece otro problema que el Panal parece haber detectado, vinculado a cierto malestar policial por detenciones de uniformados, en algunos casos con imputaciones graves. El caso más reciente es el de los cinco agentes involucrados en la muerte de Guillermo Bustamante en una estación de servicio de barrio Villa Páez, detenidos por orden del fiscal Alejandro González, quien tendría en la mira a otros dos uniformados que habrían colaborado en el operativo que terminó en la muerte. Fuentes oficialistas ensayaron una escena del hecho, donde los agentes supuestamente no incumplieron la ley, o no lo hicieron como autores de un homicidio, y alertaron sobre trabajo a desgano o brazos caídos policiales como reacción a las detenciones en servicio. Este hilo narrativo, que en la base muestra desconfianza a al menos un sector del ministerio público fiscal, explicaría la frase “los buenos son los de azul”, que Llaryora dijo casi sin preámbulo la semana pasada cuando resaltó la figura de dos policías agredidos en sendos controles camineros. No solo fue una réplica de lo que dijo Milei luego de la represión en la marcha de los jubilados que dejó muy malherido a un fotógrafo, sino que tuvo el objetivo de dar un mensaje tranquilizador al interior de la fuerza. Al día siguiente, la siguió el ministro de la Seguridad, Juan Pablo Quinteros, con homenaje y reconocimiento a uno de los agentes agredidos.
