Julieta Fernandez
Por Julieta Fernández
El gobierno provincial busca avanzar en una normativa que prohíba o limite la actividad de los naranjitas o “trapitos” en toda la provincia. El tema ha ocupado la agenda desde hace al menos dos años con figuras como el legislador Gregorio Hernandez Maqueda (Mejor Futuro), quien ha insistido en varias oportunidades para avanzar en la prohibición de la actividad. A fines del año pasado, el oficialismo se hizo eco del reclamo de distintos sectores y propuso modificar un artículo del Código de Convivencia provincial.
A partir de la reanudación de la actividad de la comisión de Seguridad en la Legislatura (ahora presidida por el ex intendente de Río Cuarto, Juan Manuel Llamosas), se reanudará el debate y se espera alcanzar un consenso entre los distintos bloques opositores. Mientras tanto, la ordenanza de la Capital Alterna asoma como un antecedente de la situación del interior provincial (ya que la magnitud de la problemática dista un poco de ciudades como la Capital).
La ordenanza local, aprobada en junio del año pasado, prohíbe concretamente “el cobro compulsivo, extorsivo o condicionado de dinero por parte de cuidacoches y limpiavidrios en la vía pública”. El propósito de la normativa fue “ordenar el espacio público, sancionar las conductas que irrumpan con dicho orden y ofrecer alternativas a personas en situación de vulnerabilidad”. Algunas de las cuestiones manifestadas en el expediente contemplan las facultades que se le otorgan a inspectores municipales o miembros de la guardia urbana local para intervenir, por ejemplo, en el secuestro de elementos de quienes infrinjan la normativa. No obstante, el intendente Guilermo De Rivas aseguró que se hace “un abordaje integral” para ayudar a que “reconviertan su actividad” y, paulatinamente, disminuir los frentes de conflicto que puedan ser ocasionados por quienes ejercen el “cobro compulsivo o extorsivo” del estacionamiento.
En la apertura de sesiones de este año, De Rivas mencionó algunos números. Señaló que, tras la aprobación de la ordenanza, se llevó a cabo un relevamiento de todas las personas que desarrollaban este tipo de actividades informales (aproximdamente 130 personas). “Se reordenó la situación de más de 54 personas sin domicilio en Río Cuarto, ayudándolos a revincularse y regresar a sus hogares de procedencia. Hubo 3599 intervenciones ante la denuncia de vecinos. Fue un trabajo arduo de la Guardia Local y de la Policía. Lo hicimos procurando el abordaje social e integral de personas que traían consigo una historia de exclusión”, manifestó el intendente.
Ante la inminente modificación del Código de Convivencia para prohibir o limitar la actividad en toda la provincia, desde el Ejecutivo Municipal no se expresarán al respecto y prefieren esperar a que, efectivamente, haya una nueva normativa que podría sufrir modificaciones en el marco del debate parlamentario. No obstante, al tratarse de una modificación del Código de Convivencia, por supuesto que tendrá un peso mayor al de la actual ordenanza y el Municipio deberá supeditarse a lo que establezca el Código de Convivencia para estas situaciones.
Según pudo saber Alfil, desde parte de la oposición consideran que, a priori, la iniciativa provincial podría dar “herramientas reales” para trabajar sobre la problemática. “La ordenanza que tenemos en Río Cuarto fue una excusa para enmarcar una política del gobierno municipal pero no tiene un poder real de prohibición. Hay agentes de la guardia local que pueden intervenir y reconocemos que en algunos puntos la situación ha mejorado. Pero, en realidad, los agentes podrían intervenir ante cualquier situación de desorden o inconducta en la vía pública. No hacía falta una ordenanza que, en términos prácticos, tampoco regula mucho. Quizás la modificación que incorpore el nuevo Código de Convivencia establezca parámetros más claros de acción para la policía”, señaló un dirigente opositor a Alfil.
