Gabriel Marclé
La dinámica política de estos tiempos parece haber eliminado cualquier distancia entre los hechos y la interpretación que se hace de ellos. Ya no existe aquel margen de prudencia que separaba la conmoción de la utilización política. La acción y la reacción ocurren casi en simultáneo. Y en ese proceso, muchas veces quedan relegados antecedentes recientes que exponen contradicciones difíciles de ignorar. El crimen de Agostina Vega y las repercusiones que generó en Río Cuarto ofrecen un ejemplo acabado de esa lógica.
La conmoción por el asesinato de la joven cordobesa rápidamente derivó en un debate político sobre los controles de antecedentes penales para quienes trabajan en el Estado. El disparador fue la situación de Claudio Barrelier, principal acusado por el crimen y empleado municipal de la ciudad de Córdoba pese a contar con antecedentes por hechos de violencia contra una mujer. A partir de allí, el bloque Primero Río Cuarto impulsó en el Concejo Deliberante un proyecto para establecer controles semestrales de antecedentes delictivos a todos los trabajadores municipales.
La iniciativa, presentada sobre tablas por el espacio que conduce Gabriel Abrile, no logró el tratamiento inmediato pretendido por la oposición y fue girada a comisión. Lo que en otro contexto podría haber sido apenas una discusión procedimental derivó en una ofensiva política y comunicacional impulsada desde La Libertad Avanza. En redes sociales comenzó a instalarse la idea de que el peronismo había rechazado el proyecto.
La reacción no sorprendió. El endurecimiento de los controles sobre antecedentes penales aparece como una bandera con amplio consenso social y difícil de cuestionar. Sin embargo, la discusión también habilita una pregunta incómoda para quienes hoy encabezan esa ofensiva discursiva: ¿qué ocurrió cuando la cuestión de los antecedentes penales golpeó la puerta de sus propios espacios?
La respuesta obliga a remontarse al caso de Pablo Carrizo. En 2022, el entonces ex concejal fue condenado a siete meses de prisión en suspenso por lesiones leves calificadas por el vínculo en una causa de violencia de género iniciada por su expareja. Tras la sentencia, el Concejo Deliberante resolvió su expulsión del cuerpo legislativo. Parecía el final de una etapa política. Sin embargo, la historia tendría nuevos capítulos, los cuales interpelan a quienes actualmente encabezan la ofensiva contra el peronismo local.
Tras distintos acercamientos al universo libertario y luego de haber sido mencionado para ocupar la Dirección Médica del PAMI Río Cuarto, nombramiento que finalmente fue dado de baja ante las repercusiones generadas, el ex concejal terminó incorporándose a la estructura del organismo nacional en otro cargo de menor rango. Su desembarco estuvo vinculado al esquema político que desde hace tiempo articulan referentes libertarios y aliados locales, con una estrategia en la que parece inserto el enfermero.
La paradoja resulta evidente. Mientras La Libertad Avanza impulsa controles más estrictos para detectar antecedentes incompatibles con la función pública, uno de los dirigentes que encontró lugar dentro de su órbita política es precisamente el caso más resonante que Río Cuarto registra en materia de condenas por violencia de género dentro de la dirigencia local reciente. Aún así, luego que el círculo de Abrile se pusiera al frente del PAMI local, Carrizo ingresó al equipo sin pese a la polémica.
Pero el oficialismo tampoco queda libre de contradicciones. Tras ser condenado, Carrizo volvió a competir por la intendencia de Río Cuarto. Lo hizo sin impedimentos legales y en un contexto donde todavía no existía una normativa local de Ficha Limpia. Aunque sectores vinculados al feminismo dentro del propio peronismo plantearon reparos y deslizaron la posibilidad de cuestionar su candidatura, la conducción política de la campaña oficialista -con el entonces intendente Juan Manuel Llamosas en el centro- optó por mantenerse al margen de cualquier intento de impugnación. La decisión evitó abrir un conflicto institucional, aunque también alimentó interpretaciones políticas inevitables: en un escenario electoral fragmentado, bajar un candidato opositor no resultaría la mejor estrategia para el oficialismo.
En el medio de ambas situaciones aparece otro dato que ayuda a entender la evolución del debate. Durante la gestión de Guillermo De Rivas, el Concejo Deliberante avanzó con la aprobación de la ordenanza de Ficha Limpia, una normativa que impide acceder o permanecer en cargos electivos y funciones públicas a personas condenadas por delitos penales. La medida llegó después de experiencias políticas que expusieron vacíos normativos y discusiones que hoy, a la luz de los acontecimientos recientes, adquieren una nueva dimensión.
Quizás el proyecto presentado tras el caso Agostina termine aprobándose. Quizás incluso encuentre consenso entre oficialismo y oposición. Lo que parece más difícil es que la discusión pueda desarrollarse sin recordar antecedentes que involucran a los mismos actores que hoy protagonizan el debate. Porque si algo demuestra el recorrido de Pablo Carrizo en la política local es que las convicciones suelen volverse más flexibles cuando se cruzan con las necesidades de la coyuntura. Y que, en materia de ejemplaridad pública, la política todavía encuentra demasiadas dificultades para sostener una vara uniforme.
El Ente Municipal de Obras Sanitarias (EMOS) y la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) suscribieron un convenio marco de cooperación institucional destinado a fortalecer la vinculación entre el ámbito académico y el sector público.
El acuerdo fue firmado por el Director General de EMOS, Lic. Gastón Maldonado, y el Decano de la Facultad de Ingeniería de la UNRC, Dr. Pablo Martín de la Barrera, quienes destacaron la importancia de generar espacios de formación y aprendizaje para los futuros profesionales.
A través de este convenio, se prevé la realización de prácticas profesionales por parte de estudiantes de diversas carreras en las instalaciones del Ente Municipal de Obras Sanitarias, brindándoles la posibilidad de complementar su formación académica mediante experiencias concretas vinculadas a su campo de estudio.
La iniciativa permitirá a los alumnos adquirir conocimientos y herramientas en un ámbito de trabajo real, al tiempo que contribuirá al fortalecimiento institucional mediante el intercambio de saberes y experiencias entre ambas entidades.
