Felipe Osman
El sindicato que conduce Federico Cortelletti recibió ayer la oferta del Tribunal Superior de Justicia, después de dos semanas de negociaciones, cuatro meses de conflicto y más de 20 jornadas de paro (25 en el interior).
Finalmente, el ministerio de Economía y el TSJ armaron una oferta que pivotea sobre el acuerdo de equiparación (progresiva y parcial) firmado el año pasado con los judiciales provinciales, en un intento de éstos por arrimarse a los salarios que perciben sus pares de la Justicia Federal. En rigor, esta la nueva propuesta busca atemperar los efectos de la Ley de Equidad Jubilatoria sobre los haberes de los judiciales, después de que esa normativa -que impuso aportes extra del 4, 6 u 8 por ciento según la categoría- echara por tierra lo conseguido en 2025.
En resumidas cuentas, la oferta prevé el adelantamiento de los tramos de equiparación para las distintas posiciones del escalafón, junto a un bono para la base de la pirámide.
Para Auxiliares y Ayudantes se establece la finalización del acuerdo de equiparación salarial durante este año, respetando el cronograma previsto más un adicional extraordinario no remunerativo de 140.000 pesos a cobrar por única vez con los haberes de julio.
Para Escribientes y Auxiliares Ayudante se ofrece el adelanto total de las cuotas pendientes (3ra y 4ta) del acuerdo de equiparación, de tal modo que el acuerdo quedará completamente perfeccionado en julio, finalizando los tramos no remunerativos del proceso este año.
Para el resto de las categorías se contempla el adelanto de una cuota adicional (la cuota 3), que se acumulará a la cuota 2 pautada para julio, por lo que en julio se percibirán ambas de forma simultánea, mientras la cuota pendiente (la 4ta) prevista originalmente para julio de 2028, se adelantará a julio de 2027.
El impacto estimado de bolsillo para el mes de julio -en caso de ser ratificado el acuerdo- oscila entre un 4,46% y un 7,15% de incremento promedio, dependiendo el escalafón. El acuerdo se completa, además, con el compromiso del TSJ de no descontar salario por los días de paro (22 jornadas en Capital, y 25 en el interior), y de ampliar a 146 los pases de contrato a planta permanente.
Hasta aquí los números. En adelante, el contexto.
La primera observación que salta a la vista es que el ofrecimiento arrimado por el TSJ es más modesto que el que el propio gremio imaginó la semana pasada, cuando llevó adelante asambleas informativas para medir los ánimos.
Por entonces AGEPJ imaginaba una oferta que comprendiera el adelantamiento de un tramo (2027) y el 50 por ciento de la permanencia en la categoría (un 5 por ciento del básico). Según informó la conducción del sindicato, esta alternativa fue descartada por el TSJ porque produciría un desfasaje entre las diferentes posiciones del escalafón. En cualquier caso, aquel mix representaba un global superior y una mejor situación para la base de la pirámide, a la que solo le resta un tramo del acuerdo de equiparación y, por lo tanto, sólo recibirá un bono si se firma el acuerdo.
Como previa de la asamblea extraordinaria del miércoles, Confluencia hizo una serie de publicaciones en sus redes sociales espoleando a la oposición. Más concretamente, a la agrupación La Judicial, ya que los dirigentes del oficialismo valoran la “razonabilidad” de la otra agrupación opositora, Alternativa 17 de Noviembre, que respaldó la firma del acuerdo de equiparación en 2025.
El escenario está abierto. Hoy se realizarán las asambleas informativas en el interior y mañana, en Asamblea Extraordinaria, los delegados traerán los votos del interior y los afiliados de capital pronunciarán los propios. De aceptarse el acuerdo, el conflicto judicial, que ya se ha extendido a funcionarios y magistrados, empezará a descomprimir. De lo contrario, las medidas votadas por la asamblea reactivarán el frente gremial del TSJ.
