Redacción Alfil
El turismo cordobés vuelve a poner sobre la mesa una discusión que excede la coyuntura de una temporada floja: qué lugar ocupa realmente la actividad dentro del modelo económico provincial y cuánto está dispuesto a hacer el Estado para que deje de ser considerada, en lo discursivo, una “industria sin chimeneas”.
Tras atravesar el verano, Semana Santa y las vacaciones de invierno, empresarios y prestadores turísticos comenzaron a transformar el diagnóstico de crisis en una iniciativa política concreta. La Cámara de Turismo de Villa Carlos Paz trabaja en un proyecto de ley que será llevado a la Legislatura de Córdoba y que busca crear un régimen de promoción para los servicios turísticos, equiparando sus condiciones tarifarias, tributarias y financieras con las de la industria.
El planteo obliga al Gobierno provincial a definir si la histórica condición de Córdoba como “provincia turística” puede traducirse también en una estructura de costos diferenciada para quienes sostienen la actividad.
El proyecto parte de una característica central del turismo: su fuerte estacionalidad. Los establecimientos deben afrontar costos fijos incluso durante los períodos de baja ocupación. La iniciativa busca modificar esa lógica, especialmente en materia energética.
Propone que los establecimientos categorizados como Grandes Consumos o Grandes Demandas paguen en función de la energía efectivamente utilizada y no por la potencia contratada. También plantea eliminar determinados cargos adicionales incluidos en las facturas, entre ellos la recaudación de la Ordenanza Impositiva Municipal.
El segundo eje es tributario. Se plantea equiparar el tratamiento del Impuesto sobre los Ingresos Brutos con la alícuota más favorable o la eventual exención vigente para la industria manufacturera y productiva. El tercer punto apunta al financiamiento, con la propuesta de que BANCOR otorgue al sector turístico condiciones crediticias equiparables a las de la industria.
Alivio e inversión
El sector privado quiere que la iniciativa no sea interpretada simplemente como un pedido de reducción de impuestos. Una de las claves del proyecto es que los beneficios estén vinculados con la reinversión.
Los establecimientos que accedan al régimen deberán presentar anualmente un plan que acredite que el ahorro obtenido fue destinado a modernizar, ampliar, refuncionalizar o mejorar sus servicios.
Christian Metrebian, presidente de la Cámara de Turismo de Villa Carlos Paz, resumió el espíritu del planteo durante una entrevista: “Ya que no nos equiparan con la industria, por lo menos contar con una ley propia”.
La frase sintetiza el desafío político que comienza a tomar forma en la Legislatura. El sector no reclama solamente una baja de costos: busca reconocimiento institucional y una política específica para una actividad que impacta directamente en las economías de los valles turísticos.
La discusión recién comienza. El interrogante será si los legisladores acompañarán esta herramienta de alivio fiscal y financiero para un sector que, según los empresarios, necesita recuperar margen para sostenerse, reinvertir y mejorar su competitividad durante todo el año.
