Los presos de Chubut no llegan a fin de mes

“¿A quién hay que matar para comer un buen asado?”, podría preguntarse algún malviviente de Chubut, avalado por la decisión de un juez de reclamarle a la provincia para que le provea a los reclusos una dieta con más carne vacuna. El gobernador de la provincia, Ignacio Torres, jugó en tono de redes diciendo que no les iban a dar asado todos los días. Otras cuentas exageraron que había que darles ojo de bife y otros cortes similares.

“Las cárceles serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos que viven en ellas”. Así lo establece el artículo 18 de nuestra Constitución Nacional, que protege -correctamente- los derechos de los condenados. Sin embargo, los cambios doctrinarios del siglo XXI generaron una serie de distorsiones que terminaron por alterar la mis a naturaleza de las instituciones de organización y control social. 

El fallo del juez chubutense marca un patrón sostenido de lo que se puede ver en la Patagonia, nuestro propio far west en el que las reglas se reinterpretan y el Estado es más una aspiración que una realidad.

No hay dudas de que los presos deben comer carnes rojas (y de otras) para satisfacer sus necesidades alimentarias, pero no se los puede considerar en un lugar prioritario frente a otros sectores sociales que no han atentado contra la vida, la propiedad o la integridad emocional, física y sexual de las personas. En un contexto en el que se ha convertido en una realidad aceptada por muchos de que “no se llega a fin de mes”, privilegiar las dietas de los presos sin entender que eso pega en los bolsillos de los ciudadanos solamente puede salir de la cabeza de un juez que falla como lo hace porque cada mes su bolsillo se llena esquilmando a los mismos contribuyentes. Es moralmente inaceptable pretender que los presos coman mejor que los chicos de las escuelas.

La gente que no llega a fin de mes sabe que tiene que elegir entre distintos consumos, los prioritarios y los superfluos, pero el Estado (y particularmente los jueces) muchas veces se olvidan de ello. No alcanza para todo; si es válido para cualquier casa, más debería serlo para el Estado.

No se trata acá de reflotar el viejo proyecto cordobés de darles carne de paloma. Tampoco de guanaco o burro. Solamente de no ceder a los pedidos de personas que atentaron contra la sociedad y debieron medir antes las consecuencias de sus actos. A mí me me gusta comer carne todos los días y dormir calentito en mi cama, por eso hago todo lo posible por mantenerme del lado correcto de la ley.

A esta historia ya la he contado muchas veces en estas páginas, pero el público se renueva. En el año 2014 me tocó un año bravo. Estaba con poco trabajo y la devaluación estival de Kicillof hacía estragos. Sólo era padre de una nena que necesitaba leche, así que me acerqué a un dispensario. La respuesta fue que mi nena no la necesitaba porque era rubia. Ese día me di cuenta de que el Estado presente era una mentira pensada para sostener una clientela política. 

¿Carne a los presos? Si respondiera como la gente del dispensario de Argüello se me armaría menudo lío, así que me guardo esas palabras.