La Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos Villa María volvió a ponerse en estado de alerta. Fundada en 1937 para proveer de material explosivo a las Fuerzas Armadas, la planta ubicada sobre avenida General Savio es una de las cuatro unidades de negocio con las que Fabricaciones Militares Sociedad del Estado opera en el país, junto a las de Río Tercero, Fray Luis Beltrán y San José de Jáchal.
Esa condición estratégica es, justamente, lo que hoy pone en vilo a sus trabajadores: la empresa estatal lanzó un concurso público, nacional e internacional, para conformar uniones transitorias (UTE) con operadores privados en sus plantas de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires.
El análisis del pliego encendió las alarmas entre los gremios. El punto más sensible es la participación accionaria: el operador privado no podría tener una tenencia inferior al 51%, lo que en los hechos dejaría a Fabricaciones Militares como socio minoritario dentro de su propia planta de Villa María. A eso se suma que el pliego no menciona a los trabajadores ni a sus comisiones internas, dejando librada a cada UTE la definición de salarios, horarios y condiciones laborales.
La secretaria gremial de ATE, Silvana Torres, fue una de las voces que salió a marcar la alerta: "Nosotros como trabajadores de Fabricaciones Militares no estamos en contra de la inversión. Sabemos que nuestras fábricas requieren de inversión para poder seguir produciendo a grandes escalas. Lo que no queremos es que perdamos la empresa siendo estatal, que nosotros tengamos la mayoría y no perdamos todo lo que hemos conseguido durante todos estos años”, afirmó Torres.
Para Villa María, el conflicto no es un dato abstracto de la macroeconomía nacional: la fábrica es parte de la identidad productiva de la ciudad, con generaciones de familias ligadas a su historia, incluida la marca que dejó el ataque guerrillero de 1974 y el intento de privatización de los años 90, que el Congreso terminó anulando en 2015. Que ese debate vuelva a instalarse tres décadas después, en el marco de la agenda de reforma del Estado que impulsa el Gobierno nacional, reabre en la ciudad una discusión que muchos daban por saldada.
La dimensión provincial también pesa: Córdoba concentra dos de las cuatro plantas del organismo, lo que convierte a la provincia en un actor central de cualquier definición sobre el futuro de la empresa. Que la alerta gremial haya encontrado eco entre diputados y senadores de distintos bloques, según remarcan los propios trabajadores, sugiere que la discusión ya no se limita a la interna sindical: empieza a picar en el Congreso, en un año donde el Gobierno nacional necesita construir apoyos para avanzar con su agenda de achicamiento del Estado en empresas productivas.
