La reforma laboral de Javier Milei, sancionada por el Congreso en febrero, sufrió este miércoles un revés judicial en un punto que no estaba en el centro de la discusión: los honorarios de los abogados que litigan por trabajadores. Lo que no era tan previsible es el origen. El reclamo que terminó en tribunales federales salió de Villa María.
El juez Martín Cormick, al frente del Juzgado Contencioso Administrativo Federal 11, dictó una cautelar que deja sin efecto durante tres meses los artículos 10 y 56 de la ley. El oficialismo los presentó como un instrumento contra la llamada “industria del juicio”, pero según el planteo del Colegio significaban otra cosa para los abogados de trabajadores: cobrar sus honorarios en cuotas y responder con su propio patrimonio por las costas de los juicios, un gasto que hasta ahora recaía sobre quien perdía. Mientras la medida esté vigente, se mantienen los artículos 20 y 277 de la Ley de Contrato de Trabajo, es decir, el régimen anterior. El amparo reúne a 32 colegios de abogados del interior del interior y lo encabeza el de Villa María, que conduce Demarchi Arballo. El dato es que en una discusión que suele definirse en el centro del poder, la jugada salió del interior.
La presidenta del CAVM lo vivió, y lo comunicó, como un triunfo gremial. “Frenamos el ataque a los honorarios de la Abogacía Laboralista”, dijo. Habló de “una gran conquista” y atribuyó el impulso del pedido, junto a los 32 colegios que la acompañaron. “Hoy la Abogacía Laboralista tiene un gran logro y es de todos”, dijo, en un mensaje hecho para circular entre los matriculados que litigan por trabajadores y que, además, votan.
Ahí aparece la otra mitad de la historia. El 20 de octubre, más de 160.000 abogados matriculados de todo el país votarán a sus cuatro representantes en el Consejo de la Magistratura de la Nación, el organismo que arma las ternas de jueces y los remueve, para el período 2026-2030. Cuatro bancas en juego y una correlación de fuerzas que se va a medir recién en las urnas.
Compiten cuatro listas. Demarchi Arballo encabeza “Abogacía Unida y Dignidad Profesional”, que cuenta con el respaldo del titular de la Auditoría General de la Nación, Juan Manuel Olmos. Es abogada laboralista, fue vicepresidenta de la Federación de Abogados de la Provincia de Córdoba y lidera Abogacía Transformadora, la red que busca federalizar la representación y darle más peso al interior en las decisiones sobre la Justicia federal. Su armado nació con el apoyo de dirigentes de unos treinta colegios, una base de magnitud parecida a la que terminó acompañando el amparo. Cuando asumió su segundo mandato al frente del CAVM, en mayo, Villa María recibió a referentes de colegios de todo el país y Abogacía Transformadora fijó tres banderas: la defensa del honorario profesional, el cuidado de las incumbencias y el rechazo a la estigmatización de la abogacía litigante. Olmos habló entonces de una propuesta del Gobierno nacional de que “se salve quien pueda”. Siete meses después, la cautelar es la traducción judicial de ese diagnóstico, y Demarchi Arballo llega a la votación con un resultado concreto de su propio programa. En política, eso es capital: una promesa de gestión convertida en hecho a días del voto.
Conviene, de todos modos, poner el alcance en su lugar. No es una sentencia sobre el fondo ni una declaración de inconstitucionalidad. De acuerdo con los fundamentos de la medida, el texto legal deja dudas sobre si los honorarios entran en lo que puede pagarse en cuotas, y esa duda bastó para que el juez considerara atendible el planteo de los abogados. Es una medida transitoria, sujeta a lo que se resuelva más adelante. Ahora la pelota la tiene el Gobierno nacional. El juez dispuso notificar al Ministerio de Justicia, que quedó vinculado al expediente por su relación con otro proceso, y es esperable que el Ejecutivo recurra la decisión. Del lado de los colegios corre el reloj: si quieren sostener la protección hasta el fallo definitivo, tendrían que pedir que se extienda antes de que venzan los tres meses. Esa sentencia de fondo dirá si los artículos 10 y 56 son compatibles con la Constitución.
El plazo vence a mediados de enero, con la feria judicial de por medio, lo que complicaría los tiempos. Lo concreto es que un Colegio de una ciudad del interior cordobés puso a la reforma laboral a la defensiva en un punto sensible, y que su presidenta llega a la elección con un fallo bajo el brazo. Cuánto de eso se traducirá en votos, lo dirán las urnas del martes.
