Daniel Passerini y Juan Pablo Quinteros avanzaron ayer con los equipos de Legales de la Intendencia y del Ministerio de Seguridad para darle forma al convenio por el cual la Policía provincial tomará funciones de control de tránsito en la ciudad, que hasta ahora estaba a cargo exclusivamente de los inspectores municipales, al menos durante la visita del papa León XIV a la ciudad. A última hora, el gobernador Martín Llaryora salió a bancar la disposición, en respuesta al Suoem, el gremio de los municipales, que acusó al mandatario de entrometerse en la autonomía municipal mediante su ministro de Seguridad y de haber “fundido” la Intendencia. “Los cordobeses tienen que tener la certeza de que mi compromiso con el orden es irrenunciable. El orden debe estar garantizado en cada rincón de la provincia, en todos los municipios y comunas”, manifestó en un tuit sobre el que pegó el comunicado del Suoem titulado “Llaryora: oportunismo y veracidad en la ciudad de Córdoba”.
La decisión de los policías-inspectores no es exactamente nueva - se planteó en la discusión del nuevo Código de Convivencia ciudadana que prohíbe el trabajo de “naranjitas”, cuidacoches y limpiavidrios- pero sí es una reacción a la medida de fuerza que llevaron adelante inspectores del Suoem el domingo pasado, cuando la ciudad tenía tres eventos importantes: la maratón del hospital Allende, el clásico Talleres-Belgrano en el estadio Kempes y una procesión con la Virgen en la zona Centro. Ese día, los inspectores no salieron a trabajar y denunciaron una deuda de horas extras de la Municipalidad, desde donde aseguraron que lo único no pagado era el llamado “excedente” por fuera de las 40 horas extras mensuales que tienen asignadas cada inspector, que estaban pagadas junto con el sueldo. A Passerini y Quinteros, el paro de los inspectores primero los puso en alerta sobre una medida de fuerza en plena visita papal y luego tomó forma de oportunidad para limitar al Suoem y acotar su poder de fuego. En la misma línea que lo hizo el hoy gobernador Martin Llaryora cuando fue intendente de la ciudad, con el recorte de horas extras y de funciones a los trabajadores de planta. La protesta, según la Municipalidad, se hizo en contra de muchos de los empleados que sí querían trabajar. Lo cierto es que desencadenó la decisión oficial que tiene dos lecturas: dota de más poder a la Provincia, y a Quinteros en particular, dentro de la ciudad y tiene efectos disciplinadores para los inspectores, un sector que no suele gozar de alta valoración en la opinión pública.
Ahora, la idea es avanzar con el formato policial, que de momento estará acotado al evento del Papa, pero que podría ampliarse en sus alcances. Esto es justamente lo que se está diseñando por estas horas, el formato final del acuerdo con la Policía.
El Suoem arremetió con todo contra Llaryora. Acusó al gobernador de ser un “carancho” que “fundió” a la Municipalidad y que en lugar de ayudar a la gestión comunal “aprovecha para quedarse con lo que no le pertenece”. El gremio de los municipales rechazó “cualquier intento de avanzar sobre las funciones de la Policía Municipal de Tránsito” y “sobre la autonomía de la Ciudad de Córdoba, expresamente reconocida por la Constitución provincial”. Además, ratificó que el domingo pasado “no hubo paro del Suoem” sino que “no hubo trabajadores y trabajadoras dispuestos a cubrir un servicio que se les pagaba”.
