Gabriel Marclé
En el microclima político de Río Cuarto todavía se mide el alcance de un caso que irrumpió en la agenda local y encendió señales de alerta en el Gobierno de Guillermo de Rivas. La presunta defraudación con cheques en la Subsecretaría de Hábitat abrió un frente incómodo para el Mójica, justo cuando la gestión empieza a mirar hacia el calendario electoral de 2027.
La respuesta fue tomar la iniciativa, exponer lo ocurrido y ponerse a disposición de la Justicia, hasta solicitar que el Municipio se constituya como querellante. Pero hay una preocupación difícil de esquivar: más allá de la reacción de sus rivales, los casos que involucran presuntos desvíos de fondos públicos suelen despertar rechazo social y poner bajo la lupa los mecanismos de control del Estado.
La Municipalidad denunció una presunta maniobra de desvío de fondos públicos en Hábitat. El fiscal municipal, Ricardo Muñoz, confirmó que la presentación apunta a posibles delitos de falsedad ideológica y defraudación al Estado, entre otros. “Es un hecho grave porque implica una defraudación al Estado, un abuso de confianza y un desvío de fondos públicos”, sostuvo.
Por ahora, la denuncia apunta contra una agente municipal, aunque desde algunos sectores sugieren que el avance de la investigación también podría abrir interrogantes sobre los controles internos y las responsabilidades jerárquicas del área.
La maniobra
Según trascendió, la operatoria investigada habría involucrado recursos de un programa municipal de asistencia para el pago de alquileres destinado a personas en situación de calle. En la reconstrucción preliminar se certifica que la trabajadora, integrante de la planta de contratados del Municipio desde 2011 y trabajadora del área desde 2013, habría gestionado cheques para los beneficiarios del programa, con la firma del funcionario a cargo, y luego habría hecho circular otros valores por los mismos montos para cobrarlos en su propio beneficio. Los endosos de esos cheques habrían sido falsificados.
El registro inicial de las operaciones bajo análisis se remontaría a julio, aunque no se descarta que la investigación pueda extenderse a períodos anteriores. La práctica habría tenido una frecuencia de más de una operación semanal, con cheques que promediaban entre $100.000 y $200.000, aunque algunos habrían alcanzado los $800.000. El monto preliminar superaría los $7 millones, cifra que podría aumentar si la Justicia logra reconstruir movimientos anteriores.
La denuncia fue presentada ante la Justicia el 9 de octubre y ratificada el 13, con detalles de una irregularidad detectada por integrantes de la propia Subsecretaría que conduce Pablo Bertea y contrastada con información de la entidad bancaria en la que se cobraban los cheques.
La documentación presentada incluiría copias de cheques, registros bancarios y elementos vinculados con las rendiciones de cuentas. La denuncia también alcanzaría balances semestrales presentados ante el Tribunal de Cuentas que habrían sido adulterados. A partir de estas irregularidades, el Ejecutivo dispuso el apartamiento de la agente como primera medida. Ahora, la pelota está del lado de la Justicia.
Antecedentes
Los escándalos con cheques tienen antecedentes en Río Cuarto. En 2007, el caso de María Pía Cardoso expuso una red de evasión fiscal que utilizaba a personas indigentes para facturar operaciones agropecuarias inexistentes y terminó con una condena de tres años y ocho meses de prisión efectiva para la exfuncionaria. Durante la gestión de Juan Manuel Llamosas, otro episodio sacudió al Edecom: 16 cheques irregulares, siete que fueron cobrados. La empleada señalada fue apartada, pero el caso también alcanzó al entonces secretario de Gobierno, Mauricio Dova, quien terminó dejando el cargo.
En el Gobierno de De Rivas procuraron evitar que el caso siguiera un recorrido similar y salieron a primerear el asunto, con la intención de controlar la narrativa desde el inicio. La decisión de hacer pública la denuncia y avanzar con la presentación judicial buscó evitar que el episodio se instalara a través de versiones parciales o de una ofensiva opositora. La idea de mostrar a una gestión dispuesta a transparentar lo ocurrido y facilitar el esclarecimiento de los hechos, en lugar de quedar a la defensiva frente a las revelaciones, fue construida incluso en contacto con integrantes del Gobierno provincial.
“Nadie quiere que se haga una bola gigante de un tema que no tiene nada que ver con tener a un Adorni en la gestión”, resumió un operador del peronismo, en referencia al temor de que el episodio escale. Pero el desenlace no dependerá únicamente de la estrategia comunicacional: también pesarán los resultados judiciales, las decisiones sobre el funcionamiento del área y la reacción opositora. En el Mójica, la preocupación pasa por el rechazo social que pueda generar el caso y por cómo se distribuyan las responsabilidades en la discusión pública.
Reacción opositora
Desde el arco opositor, los sectores más tradicionales habrían evitado escalar públicamente el conflicto. En el radicalismo se hablaba de posibles pedidos de informe, mientras que el nazarismo mantenía una posición cautelosa. El contraste aparece con los sectores libertarios más confrontativos, que ya preparaban una ofensiva en redes sociales. El espacio de Laura Soldano aparece así como uno de los actores a seguir en una disputa que puede trasladar la denuncia judicial al terreno político.
La situación del subsecretario de Hábitat, Pablo Bertea, también forma parte de las incógnitas. Por ahora, no trascendieron decisiones sobre su continuidad y algunas fuentes describen un respaldo del intendente al funcionario. Sin embargo, la revisión de los controles podría abrir nuevas preguntas sobre el funcionamiento del área. No hay elementos para afirmar que estén en estudio pedidos de renuncia, pero las decisiones internas podrían quedar condicionadas por la evolución del caso y su impacto público.
La estrategia oficial es evitar que la espuma crezca. De Rivas buscó instalar una respuesta institucional antes de que el episodio se convirtiera en una bandera opositora, pero el margen para administrar sus efectos dependerá de cómo evolucione la investigación y de las decisiones que tome el Ejecutivo.
El timing está lejos de ser ideal: el intendente esperaba ponerse al frente de la campaña de Martín Llaryora en la ciudad y ahora deberá gestionar un caso que amenaza con desplazar de la agenda las señales políticas que el oficialismo pretendía instalar de cara a 2027.
