Recortar es administrar

Por Javier Boher 

Ayer se confirmó el veto presidencial sobre la ley de reforma previsional. No quedan dudas de que es injusto que los jubilados perciban esos magros haberes, pero las cuentas públicas obligan a ajustar. Tal vez no sea simpático hacerlo allí, pero nadie propuso recortes concretos en otras áreas (o, si lo hizo, no resultó tan convincente como para lograrlo).

En otras oportunidades hemos afirmado que la economía familiar y del país no son lo mismo, pero que sirve hacer ciertos paralelismos para entender algunas decisiones básicas que se deben tomar en la administración del dinero público. Como bien sabe cualquier adulto responsable de la gestión de la economía doméstica, los recursos en el mes son limitados, por lo que si se quiere aumentar el gasto en un área no queda más remedio que ajustarlo en otro. Mi padre solía decir que en algunas discusiones con amigos éstos le cuestionaban gastarse un 0km al año en educación privada para sus hijos: si no alcanza para las dos cosas no queda más remedio que elegir entre pagar el colegio y andar en auto nuevo. Preferencias.

El ajuste sobre los jubilados es antipático y, en muchos casos, injusto. Quizás sea también el más grande porque es el sector menos organizado para protestar, a diferencia de lo que pasa con otras corporaciones más efectivas para bloquear el paso de la tijera. Lo que nadie quiere terminar de admitir es que es el resultado de malas políticas públicas.

El kirchnerismo siempre actuó del mismo modo, creyendo que todo se arregla con plata. Cualquier desafío de gestión se resolvía de la misma manera: se ampliaba el aparato estatal, la cobertura pública y las partidas económicas destinadas a sostenerlo, pero nunca se revisaba qué debían cortar para poder solventarlo. Así, los préstamos, las subas de impuestos y la emisión se convirtieron en el camino que terminó dejando a todos en el callejón sin salida de la crisis actual.

Parte de lo perverso del esquema es que esos aumentos de partidas nunca resolvían el problema de fondo. Si partimos de la premisa de que puede haber sido necesaria una regularización o una moratoria para gente sin aportes, sostener esa política durante casi dos décadas es el peor incentivo posible para regularizar el trabajo y financiar el sistema. Que luego de 20 años de la primera moratoria siga habiendo gente necesitada de entrar en el mismo esquema para alcanzar los años de aportes es una señal de que no se hizo nada para mejorar las co funciones de trabajo. En todo ese tiempo el trabajo informal creció, quitando recursos a un sistema frágil que finalmente cayó en la quiebra. 

Lo mismo aplica a todas las demás áreas de la gestión de lo público. Pagar estudios universitarios sin un verdadero seguimiento de los estudiantes y con el foco puesto en la terminalidad, es una falta de respeto para los millones de chicos que tienen problemas de comprensión lectora o para realizar operaciones matemáticas básicas. Pagar tratamientos de fertilidad cuando hay que llevarse las sábanas propias para una internación en un hospital público es completamente ilógico. 

El otro día hablaba con un médico que me decía que la inmunoterapia para tratar el cáncer cuesta 40 millones por mes y el aumento promedio de la sobrevida es de alrededor de seis meses. Es terrible pensarlo bajo la frialdad de los números, pero si las vacunas contra el dengue rondan los 30 dólares cada una, ¿cuántas se pueden comprar con los 350.000 dólares por paciente que cuesta el tratamiento completo? Más allá de cada caso personal, ¿preferimos reducir el riesgo de internación por dengue de toda la población activa o darle seis meses más de vida promedio a enfermos de cáncer?

Durante mucho tiempo nadie quiso pagar el costo político de tomar decisiones para bajar el costo del sostenimiento del Estado y las políticas públicas, lo que llevó a una expansión descomunal del gasto en todas las áreas que favoreció a algunas corporaciones y perjudicó al grueso de la sociedad. Ahora hay que hacerlo de golpe y con más fuerza que si se hubiese corregido a conciencia en los momentos de abundancia. No queda otra.

Administrar los recursos públicos implica actuar sin demagogia y pensando en lo que sea mejor para la mayoría de la gente. Pretender instaurar políticas públicas de alto costo fiscal destinadas a poblaciones objetivo de votantes es todo lo contrario a lo que corresponde hacer para cumplir con esa premisa de llegar de la mejor manera a la mayor cantidad posible de ciudadanos.