Gabriel Marclé
Se suma un nuevo capítulo al debate por las rutas nacionales y al reparto de responsabilidades por el estado de las trazas, en un escenario marcado por la decisión del Gobierno nacional de reducir la obra pública y avanzar con esquemas de concesión privada. En Córdoba, la discusión volvió a concentrarse sobre una arteria conocida por los reclamos que acumula desde hace años: la Ruta Nacional 158.
La senadora Carmen Álvarez Rivero publicó un video en Instagram en el que anticipó novedades para el corredor. “Tengo una noticia importante para Córdoba. Se presentó una iniciativa privada para la Ruta 158 y además entra en la etapa 4 de la Red Federal de Concesiones de Vialidad Nacional”, planteó. El mensaje llegó días después de la visita a Córdoba del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Álvarez Rivero ya había dejado trascender que ese desembarco podía traer novedades vinculadas con la 158.
La senadora también hizo referencia a una conversación con Fernando Herrmann, secretario de Coordinación de Infraestructura de la Nación, quien le habría señalado que la ruta no figuraba entre las principales prioridades por no tratarse de un corredor interprovincial. En ese mismo intercambio, según relató Álvarez Rivero, el funcionario le confirmó la existencia de una iniciativa privada presentada ante el Ministerio de Economía.
La letra chica obliga a bajar la expectativa. Vialidad Nacional puso bajo análisis 26 tramos que podrían incorporarse a una eventual Etapa IV de la Red Federal de Concesiones. La 158 aparece entre ellos, pero todavía no existe una concesión definida ni un cronograma de adjudicación.
La novedad, sin embargo, vuelve a poner sobre la mesa una ruta estratégica para el sur y centro de Córdoba. La 158 conecta Río Cuarto, Villa María y San Francisco y su transformación en autovía acumula años de reclamos de intendentes, empresarios y dirigentes de la región. La obra tampoco quedó contemplada de manera directa en el Presupuesto nacional 2027.
El reclamo no es nuevo para Álvarez Rivero. En 2024, la entonces dirigente del PRO impulsó el Foro de la Autovía 158 junto a intendentes y representantes productivos, con el objetivo de encontrar alternativas ante la falta de inversión nacional. Entre las propuestas aparecía incluso la posibilidad de un esquema de peaje para generar recursos destinados a la obra.
Dos años después, la discusión reaparece con otro escenario. Álvarez Rivero forma parte del bloque libertario en el Senado y reivindica ahora la posibilidad de que la obra avance mediante una iniciativa privada y una eventual concesión, la metodología preferida de la era Milei.
Es justamente allí donde aparece el malestar de algunos de los intendentes que participaron de aquel reclamo. La discusión ya no pasa solamente por si la 158 puede finalmente transformarse, sino también por quién consigue capitalizar políticamente una eventual solución.
En el sur provincial, además, recuerdan el costo que tuvo para Álvarez Rivero su respaldo a la eliminación del régimen de Zona Fría para Córdoba. La senadora fue una de las figuras del oficialismo que celebró públicamente la aprobación de la medida, que dejó fuera del beneficio a unos 700 mil usuarios cordobeses.
“Creo que la reacción de la senadora es producto del lugar difícil en el que quedó después de sacarle las boletas subsidiadas a los cordobeses. Quiere mostrar una imagen que no es la que tenemos nosotros, porque ha defraudado a los que confiamos en ella para defendernos”, expresó a Alfil uno de los intendentes del corredor de la 158. El mismo jefe municipal remarcó que, por ahora, “todavía no se puede hablar de anuncios”.
La crítica permanece, por ahora, en el terreno del off the record. Pero en el sur no descartan que la discusión pase al plano público durante los próximos días, especialmente porque la 158 ya había vuelto a aparecer en la agenda de dos intendentes con peso territorial: Eduardo Accastello, de Villa María, y Guillermo De Rivas, de Río Cuarto, quienes reflotaron el reclamo durante sus encuentros bilaterales de septiembre.
El debate excede a la 158. La Ruta 35 también aparece entre los corredores bajo análisis de Vialidad Nacional y acumula reclamos por su estado, mientras Córdoba negocia con Nación el traspaso definitivo de la Ruta 19 para completar su transformación en autopista y hacerse cargo de su mantenimiento.
Así, las rutas nacionales se convierten en un factor de atención de cara al inicio de la campaña. Para el sur cordobés y los municipios atravesados por el corredor de la 158, la pregunta dejó de ser solamente si la Autovía puede ser una realidad. También empieza a discutirse quién podrá adjudicarse el rédito político si finalmente aparece una salida para una obra que lleva años de promesas.
La Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) atraviesa una nueva semana de medidas de fuerza por el financiamiento universitario. Los trabajadores nodocentes iniciaron este lunes un paro sin asistencia a los lugares de trabajo y, a partir del miércoles, el conflicto sumará a los docentes, que se plegarán a la medida nacional convocada por CONADU.
La medida de fuerza nodocente es encabezada por la Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto (ATURC), que contempla nuevas acciones durante las próximas semanas en reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. El gremio tiene previstas nuevas jornadas de paro para el 1, 6 y 7 de octubre, además de la participación en la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para el 15 de octubre.
El otro frente de conflicto se activará el miércoles 30 de septiembre, cuando los docentes universitarios comiencen un paro nacional que tendrá una duración de 48 o 72 horas, según lo resuelto por CONADU. La medida reclama la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y una recomposición salarial para los trabajadores docentes. La convocatoria fue definida por el Frente Sindical de Universidades Nacionales y contempla la posibilidad de coordinar acciones con CONADU Histórica.
La medida docente podría suspenderse si antes del martes 29 el Gobierno nacional avanza con los reclamos salariales planteados por el sector y con el cumplimiento de la intimación judicial vinculada con la Ley de Financiamiento Universitario.
