Passerini sostiene el boleto a $2.150, pero Transporte presiona las cuentas

El Boletín Municipal publicó ayer la resolución 264-B, que concedió a las prestadoras del servicio de Transporte Urbano de Pasajeros un aumento del 5 por ciento en el costo del kilómetro recorrido. En palabras más llanas, la Municipalidad pagará a las empresas, por kilómetro recorrido, un 5 por ciento más, pero ese encarecimiento no será financiado directamente por los usuarios, que seguirán pagando el boleto a 2.150 pesos, sino que será cubierto por el municipio.

La novedad podría haber pasado desapercibida de no ser expuesta por la presidenta del bloque radical en el Concejo, Elisa Caffaratti, que cuestionó la decisión en sus redes sociales. La dirigente no dijo que el aumento del boleto fuera a impactar directamente en el bolsillo de los usuarios, pero sí criticó que no se diera mayor difusión al aumento de los costos de un servicio que, aun de manera indirecta, los contribuyentes terminan financiando.

En realidad, el asunto del transporte es un capítulo permanente de conflicto entre el oficialismo y la oposición, que le recrimina no sólo las fallas en el funcionamiento del sistema, sino también que el Ejecutivo mantenga declarada la emergencia para poder modificar el valor del boleto sin pasar por el Concejo, que jamás haya avanzado en la licitación del servicio y que el nuevo marco regulatorio del transporte no se mueva en las comisiones ni en el recinto.

En cualquier caso, Passerini reaccionó al señalamiento opositor aclarando que no habría modificación en el costo que los usuarios pagan (su valor seguirá siendo de $2.150), y recordando una vez más que el transporte del interior del país está en crisis por las políticas desplegadas desde el Gobierno Nacional, que suprimió los subsidios en el interior y propició el aumento del combustible muy por encima de la inflación.

Más allá del cruce, el municipio presentó como principales causas del aumento de la tarifa (sin traslado al usuario) a la inflación, la suba de los combustibles y el nuevo acuerdo paritario firmado entre la UTA y la FATAP, que se firma en Buenos Aires, donde los subsidios sí continúan cubriendo buena parte de los costos, pero se traslada automáticamente al interior del país.

Las autoridades municipales aseguran que la recaudación se ha derrumbado sin pausa durante los últimos tres años, al punto de que, en términos reales, el municipio recauda hoy un 24 por ciento menos de lo que recaudaba en agosto de 2023. Al mismo tiempo, también han caído los ingresos por coparticipación, la gestión passerinista ha debido pagar deudas contraídas y reestructuradas por administraciones anteriores, y ha tenido que soportar el aumento de la demanda de servicios sociales que la Nación dejó de cubrir.

A ese mantra de infortunios que repiten en el Palacio 6 de Julio, se agregaría también una relación cada vez más tensa con el Centro Cívico y, ahora, un nuevo aumento en los costos del Transporte, que, por una ventana de tiempo, el Palacio 6 de Julio intentará soportar sin endosar a los usuarios, pero que no tardará en condicionar una ya erosionada situación financiera.