Felipe Osman
La oposición cree que la basura acumulada el último fin de semana abrió una oportunidad para discutir el poder del Surrbac y las condiciones bajo las cuales el Palacio 6 de Julio negocia con el gremio.
Concejales opositores, encabezados por el radical Javier Fabre, trabajan en un proyecto de ordenanza para declarar esencial el servicio de higiene urbana y ampliar la cobertura mínima durante los conflictos laborales. La iniciativa todavía está en estudio, pero sus promotores ya miran más allá del Concejo de Córdoba.
La ordenanza sería la primera puntada de un plan más ambicioso que buscará poner coto al gremio sumando el apoyo de ediles de otras ciudades donde los trabajadores de la recolección están encuadrados en convenios del Surrbac y darle escala provincial a una discusión que se cocina en la Capital, pero que tiene consecuencias mucho más allá de Circunvalación.
El episodio que puso en marcha la iniciativa es conocido. El viernes, Día del Recolector, produjo la esperable acumulación de residuos en distintos municipios. Desde el sábado el servicio comenzó a normalizarse en el interior, pero las dificultades continuaron en Córdoba, con una nueva paritaria todavía sin cerrar como telón de fondo.
Para la oposición, la reiteración de estos conflictos justifica avanzar sobre las herramientas con las que cuenta el municipio para asegurar la prestación.
El borrador inicial propone declarar servicio esencial la higiene urbana en sus etapas de recolección, transporte, transferencia y disposición final. Remite a la cobertura mínima prevista por la legislación nacional y provincial y le impide al Ejecutivo convenir o consentir esquemas inferiores. También deja sin efecto, para este servicio, el límite municipal del 50 por ciento establecido en 2009.
La propuesta intenta traducir esa declaración en obligaciones concretas. Las prestatarias deberían presentar planes de continuidad con personal, vehículos, circuitos y responsables operativos, con prioridad para hospitales, escuelas, mercados y zonas de mayor vulnerabilidad sanitaria. El acceso a las plantas de transferencia y al predio de disposición final forma parte de esa planificación, ya que, cuando ese eslabón funciona a medias, la complicación se extiende rápidamente al resto del sistema. He ahí la mayor palanca de presión del gremio, que apenas con “trabajo a reglamento” o una asamblea extendida en el predio puede paralizar el servicio.
En cualquier caso, la discusión que pretenden abrir los opositores es bastante más amplia que la frecuencia con que pasan los camiones durante una medida de fuerza. Qué, por otro lado, tampoco se resolverá con una ordenanza.
El asunto es que el acuerdo paritario que alcanza la Municipalidad con el Surrbac para el COyS termina funcionando como referencia para las prestatarias privadas. Estas replican la pauta y trasladan los mayores costos a la ecuación con la que se redetermina el precio del servicio.
Pero ese efecto no queda encapsulado en la Capital. La misma referencia repercute en otras ciudades con trabajadores alcanzados por convenios del gremio. De esa manera, una negociación condicionada por las urgencias de la Capital termina gravitando sobre cuentas municipales cuyos administradores no participaron de la discusión.
He ahí el argumento con el que la oposición buscará sumar concejales del interior. La intención es coordinar iniciativas y construir una presión conjunta para que el Gobierno provincial se involucre.
El malestar tiene un componente económico concreto. Un relevamiento de Comercio y Justicia publicado un mes atrás estimó que un recolector de Córdoba percibe alrededor de un 40 por ciento más que un trabajador que realiza las mismas tareas bajo el convenio de Camioneros, por ejemplo, en Buenos Aires.
Los críticos del esquema atribuyen esa diferencia a la acumulación de acuerdos paritarios que quedaron por encima de las referencias nacionales. Cuestionan, además, que la pauta que convalida el Palacio 6 de Julio se proyecte sobre otras administraciones sin margen para intervenir en su definición.
La meta más ambiciosa de la avanzada es presionar al oficialismo para que el COyS denuncie el convenio y busque su renegociación, aprovechando la oportunidad que -entienden- ofrece la reforma laboral. Sin embargo, todavía falta precisar qué cláusulas se podrían modificar y cómo esos cambios permitirían contener los costos del servicio.
La distinción importa porque revisar el convenio y moderar las futuras paritarias son objetivos relacionados, pero no equivalentes. La continuidad de las condiciones salariales no desaparece por el vencimiento del acuerdo, y modificar los compromisos entre las partes tampoco impediría, por sí solo, que el Surrbac consiga nuevos aumentos o que la pauta del COyS siga funcionando como referencia para otros empleadores. En cualquier caso, la apuesta también pasa por otro lado: que la posibilidad de reabrir el convenio funcione como una herramienta de presión.
Por ahora, la lógica política del movimiento aparece más definida que su instrumentación: sumar apoyos en los concejos deliberantes de los municipios que reciben el impacto de las negociaciones capitalinas y conformar una posición conjunta para presionar al oficialismo.
Fabre y los demás impulsores apuntan al Surrbac, aunque la presión también alcanza a Passerini. Y buscarán llegar hasta el Panal.
