El Encuentro de Mujeres expuso la disputa política y anticipó la batalla de 2027

Córdoba fue mucho más que la sede del 39° Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades. Durante tres jornadas, miles de participantes convirtieron el espacio público de la capital cordobesa en territorio de disputa política, mientras las consignas contra Javier Milei convivieron con cuestionamientos al gobernador Martín Llaryora y con una tensión menos visible, pero central: cómo sostener una agenda feminista dentro de un escenario político atravesado por el ajuste, las alianzas provinciales y la reorganización de la oposición.

La elección de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para 2027 terminó de darle sentido político a la convocatoria. El próximo encuentro coincidirá con el año de las elecciones presidenciales y trasladará la movilización al distrito donde se concentran el poder nacional, la exposición mediática y buena parte de la disputa por la representación política. La decisión anticipa que el movimiento feminista y transfeminista buscará intervenir en la campaña, no solamente como actor social, sino también como espacio de presión sobre el sistema político.

De hecho, la ocasión y la ubicación también fueron importantes en esta edición con la anunciada visita del papa León XIV en ciernes, aún cuando por estas horas su concreción está en duda en función de una sorpresiva intervención quirúrgica. Aún así, el protagonismo eclesiástico fue escenario también para enarbolar críticas a la Iglesia, entre otras y muy variadas consignas que confluyeron en este multitudinario encuentro de mujeres.

Bregman marcó la cancha

La intervención de Myriam Bregman durante uno de los actos el sábado pasado fue una de las señales políticas más explícitas. La diputada del Frente de Izquierda reivindicó la movilización como herramienta de confrontación con el Gobierno nacional y rechazó cualquier estrategia de moderación o alianza con sectores a los que responsabiliza por la situación actual.

Ante más de 8.000 personas, Bregman vinculó las reivindicaciones feministas con la defensa de la educación pública, los derechos laborales, las jubilaciones y las políticas de discapacidad. También convocó a movilizarse para rechazar el DNU 70/23, reclamó la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y exigió a la CGT y a la CTA que convoquen a un paro general.

Pero su discurso tuvo un destinatario que excede a Milei. Al cuestionar a los gobernadores que se presentan como opositores mientras acompañan iniciativas del oficialismo nacional, apuntó directamente a Llaryora y a otros mandatarios provinciales. La dirigente planteó que los votos de esos gobernadores permitieron avanzar con medidas que, a su juicio, recortan derechos.

La intervención expuso una de las disputas que atravesarán la oposición rumbo a 2027: quién puede representar una alternativa real al mileísmo y quién quedará asociado a una estrategia de negociación con la Casa Rosada. Para la izquierda, la movilización debe funcionar como mecanismo de presión sobre el Gobierno y también sobre el peronismo que gobierna Córdoba.

Funcionarias provinciales presentes

En la multitudinaria movilización, no pasó desapercibida la presencia de Victoria Flores y Liliana Montero, que agregaron otra capa de lectura. Ambas participaron del encuentro y expresaron su respaldo a una convocatoria que cuestionó las políticas nacionales de género, mientras mantienen responsabilidades dentro de la estructura del Gobierno provincial.

La escena exhibió una contradicción política que Llaryora debe administrar: funcionarios de su espacio pueden acompañar demandas y consignas enfrentadas con Milei, pero el gobernador también necesita negociar con la Nación y sostener acuerdos legislativos que la izquierda denuncia como funcionales al ajuste.

La participación de Flores y Montero también remitió a las discusiones sobre la composición del gabinete provincial y el lugar de las mujeres en los espacios de decisión. Sin embargo, la presencia institucional en una movilización no equivale por sí sola a una política pública. El interrogante pasa por cuánto de esa identificación con la agenda feminista se traduce en presupuesto, programas y decisiones concretas.

El encuentro permitió, así, una doble operación: mostrar que la agenda de género conserva adhesiones del oficialismo cordobés y, al mismo tiempo, dejar expuesta la distancia entre las consignas de derechos y las necesidades de negociación de la gestión.

El apagón como costo político

La ocupación de plazas, calles y espacios públicos fue parte de la identidad histórica del encuentro, pero también alimentó cuestionamientos por los acampes, las pintadas, los cortes y las consecuencias sobre la actividad cotidiana de la ciudad. La controversia obligó a discutir tanto la responsabilidad de las organizaciones como la capacidad de las autoridades para acompañar una convocatoria multitudinaria.

La vicegobernadora Myrian Prunotto defendió el operativo de la Provincia y el Municipio y señaló las dificultades de coordinación ante la autonomía de centenares de organizaciones. La explicación puso sobre la mesa un problema de gestión, aunque no clausuró las preguntas sobre la prevención de daños, la limpieza y la reparación del espacio urbano.

Sin dudas, las pintadas en espacios públicos, el uso de escuelas para talleres y pernoctación, y la ocupación de plazas para pernoctar fueron centro de las críticas de sectores de derecha. En el marco del reclamo por las victimas de violencia de género, abuso sexual y femicidios, resta conocer si hubo mención sobre los escandalosos casos que generaron una verdadera batalla política dentro de la Legislatura cordobesa, cuya escalada parece no encontrar techo aún.

Y dentro de la discusión provincial, hubo un episodio que terminó siendo políticamente sensible: el corte de luz durante la marcha del domingo por la noche, que generó críticas hacia el Gobierno provincial. En una movilización de semejante magnitud, la interrupción del suministro se convirtió en un flanco para cuestionar la respuesta estatal.

El episodio también mostró hasta qué punto la gestión de la calle puede convertirse en un problema político. Para el oficialismo, el desafío era garantizar condiciones de seguridad y convivencia sin aparecer como un obstáculo para la protesta que buscaba sostener su propia autonomía a través de las organizaciones convocantes. Para los sectores críticos, cada dificultad logística ofreció una oportunidad para discutir la capacidad de respuesta gubernamental.

Buenos Aires 2027, la próxima batalla

El encuentro dejó una imagen de potencia organizativa, pero también de fragmentación política. La izquierda buscó diferenciarse de los sectores dialoguistas; referentes del oficialismo provincial reivindicaron su vínculo con la agenda de género; y las críticas por el uso del espacio público abrieron un frente de discusión sobre la legitimidad y los límites de la movilización.

La próxima edición, en Buenos Aires, llevará esas tensiones al centro de la escena nacional. Con las elecciones presidenciales en el horizonte, el feminismo intentará convertir su capacidad de convocatoria en incidencia política. La disputa no será solamente contra Milei: también estará dirigida a los sectores opositores que buscan construir una alternativa en las urnas que le ponga coto a las políticas antigéneros que ganaron agenda en los últimos tres años.

Córdoba funcionó como anticipo de esa pelea. Entre las banderas, los cuestionamientos a los gobernadores, la presencia de funcionarias y las controversias por la organización, el encuentro dejó una conclusión política: en 2027, la calle será un espacio de disputa tanto para el oficialismo como para una oposición que todavía debe resolver quién conduce, con qué alianzas y hasta dónde está dispuesta a confrontar.